En la voz de los docentes Isabel Puerta, Luis Fernando Builes y Martha Sepúlveda

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La Ley del Sistema Nacional de Convivencia Escolar está próxima a cumplir ocho años de creada, pero una reciente investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia mostró cómo elementos importantes que conforman esta Ley 1620 de 2013 siguen sin aplicarse. Según la abogada Isabel Puerta, integrante del grupo de investigación sobre la Justicia Restaurativa en la escuela, “esta Ley es apenas una herramienta que, si sus contenidos no se conocen, no se hacen valiosos y no se apropian, el operador de la norma terminará archivándola y convirtiéndola en letra muerta”.

Se hace necesario entonces conocer los alcances de la Ley 1620. De esto se trata el segundo podcast de la serie Justicia Escolar de Educalidad, en las voces de los investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Isabel Puerta, Luis Fernando Builes y Martha Sepúlveda. Bienvenidos a “Los principales aportes de la Ley 1620 a la justicia escolar”.

Vea el primer podcast “El lugar de la justicia en la convivencia escolar”

Para Isabel Puerta, la principal contribución de la Ley es “haber abierto un abanico de justicias para darle posibilidad a la comunidad educativa de que puedan aprender del error, saber que estamos en una situación incierta, que somos seres frágiles e imperfectos, y que con seguridad el error va a estar en la escuela. Entonces, podemos mirar qué clase de errores cometen los niños y niñas y qué clase de justicia nos ofrece la Ley 1620 para atender esas situaciones”. La Ley contempla las justicias consensual y restaurativa, la posibilidad de hacer equidad y, como último recurso, la justicia retributiva.

Luis Fernando Builes asegura que el aporte fundamental de la Ley para lograr la convivencia pacífica en los establecimientos educativos es que no se refiere a faltas disciplinarias. “Más bien -afirma Builes- se refiere a situaciones que afectan la convivencia escolar, sin asignarles una consecuencia retributiva. La Ley 1620 posibilita respuestas restaurativas frente a las lesiones o vulneraciones de la convivencia escolar”.

Por último, para Martha Sepúlveda, la Ley 1620 “trae algo grandioso y es que no solamente abre la posibilidad para que haya nuevas formas de justicia en la escuela, sino para que esas nuevas formas se implementen y sean de obligatorio cumplimiento”.

Los expertos señalan también como aspectos relevantes, que la Ley actualiza el compromiso de la corresponsabilidad de los diferentes actores que deben respaldar la labor de la escuela como son el ICBF y las comisarías de familia. Obliga a los establecimientos educativos a consignar expresamente en los manuales de convivencia que aplicarán la justicia restaurativa y elaborarán protocolos para su aplicación frente a conductas que afectan la convivencia escolar. También fortalece la idea de justicia escolar al buscar que se tenga siempre en cuenta las necesidades e intereses de las víctimas, al querer crear conciencia en el ofensor de la obligación de reparar integralmente el daño causado y al acompañarlo brindándole la posibilidad de que se reintegre sin señalamientos y sin estigmas a la convivencia.

“Necesitamos entonces que la comunidad educativa entienda que la Ley la hacemos eficaces los seres humanos, aquellos que tenemos la responsabilidad de que se cumpla en favor de nuestros niños y niñas y en favor del objeto de la Ley que es la construcción de ciudadanía activa. No tendremos ciudadanos activos si no somos capaces de incorporar en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que es la Ley y aplicarla con el sentido y alcance con que nació”, afirma Isabel Puerta.

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