Hace 12 años, Colombia dio un paso fundamental en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la promulgación de la Ley 1620 de 2013. Esta Ley creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar con un enfoque integral en las instancias nacional, territorial y escolar, para la promoción, prevención, atención y seguimiento a los distintos riesgos y vulneraciones que se presenten dentro y fuera de la escuela.
Doce años después, la Ley sigue vigente y se ve reforzada por nuevas normativas que resaltan la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las instituciones educativas, para garantizar que todos se involucren en el bienestar de los estudiantes y, en general, de la comunidad educativa.
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El impacto de la Ley 1620
La Ley 1620 de 2013 representó un cambio significativo en el desarrollo socioemocional y en la formación en ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes.
¿Pero qué significa realmente “convivir en paz” en la escuela? Implica que cada miembro de la comunidad educativa desempeñe un papel esencial para asegurar que todos los estudiantes puedan aprender y contribuir a la construcción de espacios respetuosos y seguros para la vida en comunidad, donde se reconozcan los derechos individuales y colectivos, así como la resolución de los conflictos de manera asertiva.
El papel de las nuevas normativas
Las normativas más recientes destacan la corresponsabilidad como un principio clave en su esfuerzo por reforzar el compromiso de todos con la garantía de los derechos de los estudiantes y, por ende, el bienestar en el marco de la convivencia escolar.
Un ejemplo de ello es la Ley 2025 de 2020, que fomenta la participación activa de las familias en la educación de sus hijos. Esta Ley impulsa la creación de espacios formativos, como las Escuelas de Padres y Cuidadores, en los cuales los padres y cuidadores adquieren herramientas para apoyar el desarrollo integral de sus hijos, con un enfoque preventivo y formativo.
Además, se busca que estos espacios se alineen con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada escuela, adaptando los contenidos a las necesidades particulares de la comunidad educativa. Entre los temas tratados se incluyen la crianza respetuosa, el apoyo emocional y la resolución de conflictos, aspectos esenciales para el bienestar de los niños y adolescentes.
Por su parte, el Decreto 459 de 2024 fomenta la participación de las familias en todos los niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la educación media. Este decreto subraya la importancia de que las familias se involucren no solo en el ámbito académico, sino también en el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
En este sentido, es crucial que tanto los comités de convivencia escolar como los comités territoriales de convivencia implementen acciones que fortalezcan la relación familia-escuela, dado que la educación no solo se da en el aula, sino también en el hogar. La colaboración entre familia y escuela favorece la creación de un ambiente de aprendizaje más positivo y seguro, donde los estudiantes se sienten apoyados en las casa y en la escuela.
Uso responsable de la tecnología
Las tecnologías de la información tienen un papel cada vez más relevante en las aulas, lo que hace imprescindible regular su uso responsable. La Ley 2170 de 2021 establece directrices para el uso de las herramientas tecnológicas dentro de las instituciones educativas, buscando crear entornos de aprendizaje seguros.
Enseñar a los estudiantes a usar la tecnología de manera responsable y equilibrada es fundamental para su desarrollo ciudadano y socioemocional. Al establecer límites claros sobre el uso de tecnología, las escuelas pueden fomentar un ambiente más propicio para el aprendizaje y la participación activa en clase. El uso excesivo de redes sociales se ha relacionado con problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Regular su uso puede contribuir al bienestar general de los estudiantes y para esto se requiere el esfuerzo de la escuela, la familia y la sociedad.
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Compromiso con la educación socioemocional
La Ley 2383 de 2024 promueve la educación socioemocional como una herramienta fundamental y transversal en todos los niveles educativos. De esta manera, se busca asegurar que los estudiantes, además de adquirir conocimientos académicos, también habilidades vitales para su desarrollo personal y social. Las competencias emocionales y sociales, como la empatía y la resolución de conflictos, son esenciales para el bienestar individual y colectivo. Fomentar estas habilidades, capacidades y competencias puede ayudar a reducir problemas como el acoso escolar y mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.
Esta Ley establece que la educación socioemocional debe estar integrada en el currículo escolar. Las instituciones tienen la responsabilidad de implementar programas que apoyen a los estudiantes en la gestión efectiva de sus emociones y relaciones.
Por su parte, la Ley 2414 de 2024 tiene un enfoque más específico, orientado a fortalecer la convivencia escolar mediante el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, especialmente en los niveles de educación básica y media. Es importante que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de implementar programas efectivos que apoyen a los estudiantes en la gestión de sus emociones. Esto va requerir formación adecuada para docentes, recursos suficientes para llevar a cabo estas iniciativas y acciones y compromiso en todos los niveles del sistema nacional de convivencia escolar.
Entornos seguros y la responsabilidad compartida
El concepto de corresponsabilidad también se extiende al ámbito de los entornos seguros. La Ley 2375 de 2024 busca garantizar la seguridad de los estudiantes frente a delitos sexuales. Esta normativa establece medidas de protección y prevención dentro de las instituciones educativas, subrayando el rol crucial de las familias y las instituciones en la creación de ambientes seguros y respetuosos.
La Ley destaca que tanto la familia como la escuela deben trabajar de manera conjunta para asegurar que los estudiantes se sientan protegidos y respetados, adoptando un enfoque integral de seguridad que abarca desde la prevención de delitos sexuales hasta la construcción de entornos basados en el respeto y la dignidad.
Es de resaltar que esta Ley establece inhabilidad en los cargos para quienes cometan violencias sexuales contra los niños, niñas y adolescentes.
Hoy, 12 años después, la Ley 1620 sigue siendo una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa, pacífica y responsable. Las nuevas leyes y decretos nos recuerdan que la convivencia escolar es una responsabilidad compartida.
El compromiso conjunto de las familias, las instituciones educativas y el Estado es esencial para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La corresponsabilidad y la inclusión son principios fundamentales para garantizar una educación de calidad y entornos adecuados para el crecimiento de los niñas, niños y adolescentes.
