“El derecho a la educación en zonas rurales requiere compromisos y esfuerzos de todos. La profundización de las brechas de la pobreza, la desigualdad, la precariedad en las condiciones de vida y la inexistencia de justicia social son las principales problemáticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en los campos de Colombia”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el foro ‘Situación del derecho a la educación en zonas rurales: retos para su garantía’, llevado a cabo en la Universidad de los Andes.
En Colombia, del total de las sedes educativas (47.757) que enfocan sus servicios en el nivel de básica primaria, el 73,1% se ubica en zona rural y el 26,9% en zona urbana, por lo que el Defensor anotó: “El derecho a la educación en corregimientos, veredas y sitios apartados de los cascos urbanos requiere compromisos y esfuerzos de las administraciones que involucran los niveles nacional, departamental y municipal. Un empeño decidido, sin ambages”.
