¿Qué pasó con los colegios en medio de la guerra?

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La Comisión de la Verdad publicó, en su informe final, el capítulo sobre afectaciones a niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto armado. Dentro de los diferentes temas que habla el capítulo, se les dedica un apartado a los colegios en medio de la guerra.

Una de las revelaciones más crudas por parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV) es la violencia que han enfrentado los niños, niñas y adolescentes como resultado del conflicto armado en nuestro país. Según la Comisión de la Verdad, estos “no fueron víctimas accidentales o producto de errores operacionales, existió una intencionalidad directa por utilizarlos como mecanismo para el cumplimiento de los intereses de la guerra”.

Dichos actos de violencia se presentaron con una alta frecuencia en colegios, los cuales naturalmente son habitados por la niñez. Según el Derecho Internacional Humanitario, estos espacios gozan de especial protección y deberían estar al margen de la hostilidad del conflicto. Aun así, se convirtieron en centros de reclutamiento forzado, fueron sembrados con minas antipersona y ocupados por actores armados, entre otros tipos de agresiones contra los niños y la población civil.

En la base de datos de la investigación “Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto armado”, publicada en el medio Rutas del Conflicto en el 2021, se registraron situaciones de pernoctaciones, tomas y ataques a instituciones educativas por parte de guerrilla, paramilitares, actores estatales y población civil a lo largo del país. Dicha investigación surge del vacío existente en ese momento sobre registros de escuelas en medio del conflicto. 

Los investigadores de Rutas del Conflicto afirman acerca del Informe de la Comisión que: “es importante porque reconoce, por primera vez, que hubo un ataque sistemático a estos espacios educativos. Había un silencio absoluto del tema, el cual estaba supremamente normalizado”.

Violencias contra las escuelas no son un mal menor

En su Informe Final, la Comisión de la Verdad también asegura que durante varios años se consideró que las afectaciones a la niñez fueron «daños colaterales» o «errores operacionales» y no necesariamente delitos de lesa humanidad.

Los investigadores de Rutas del Conflicto también aseguran que “siembra de minas, acuartelamiento, pernoctaciones y tomas a colegios se daban en medio de otras violaciones a derechos humanos, como el secuestro y el reclutamiento forzado, que discursivamente se consideraban mucho más graves. Aunque estos actos se asumieron como ‘males menores’, nosotros los entendemos como eventos de vulneración muy graves”. 

Pese a los acuerdos internacionales, los niños afectados por el conflicto, según la Comisión de la Verdad, han sido invisibilizados como sujetos de derechos, por ende, no fueron considerados como víctimas del conflicto. En el apartado del Informe Final: No son un mal menor, se cita que los niños, niñas y adolescentes, “en las familias fueron excluidos de conversaciones y explicaciones sobre lo ocurrido; aunque muchas veces esto fue una forma de protegerlos, quedaron con preguntas que debieron responder en solitario. Este silencio y dolor por las pérdidas, los desplazamientos o el reclutamiento son circunstancias con las que han tenido que lidiar a lo largo de su vida, aún en la adultez”.

En el caso del Estado, afirma el Informe que este tardó décadas en reconocer lo que significa para una persona menor de dieciocho años experimentar la violencia. “Dicho retraso se tradujo en que las acciones para la prevención, atención y reparación no llegaran cuando eran más urgentes. Finalmente, está la indiferencia de gran parte de la sociedad que casi no reaccionó cuando el conflicto se degradó al punto de atacar a su población más joven”.

Las escuelas en medio de la guerra dejaron de ser ambientes seguros para las niñas, niños y adolescentes. Esto representó dolor y rezago porque muchos niños tuvieron que abandonar sus estudios porque la guerra les negó el goce efectivo del derecho a la educación para soñar y construir una vida digna.

Sin embargo, durante el conflicto, muchos maestros, maestras e instituciones educativas generaron procesos de resistencia y de construcción de paz. Por ello, es necesario ponerles la lupa a esos procesos que buscaron garantizar el derecho a la educación, en condiciones dignas y seguras a todas las niñas, niños y adolescentes del país.

En su Informe, la Comisión de la Verdad hace un llamado para que los entornos educativos sean lugares que abracen la paz. Es un llamado que debemos responder todos los colombianos.

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