Por: Alvaro Duque Soto*
Dos historias que reflejan un asunto global
Esta semana la Corte Constitucional de x|Rumanía, octavo país de la Unión Europea por extensión y sexto por población, tomó una decisión sin precedentes: anular la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras descubrirse una operación de influencia extranjera a través de TikTok.
Documentos desclasificados revelaron que el candidato ganador, conocido por sus posturas ultraderechistas y su cercanía con Vladimir Putin, había recibido trato preferencial en la plataforma. Algoritmos y cuentas coordinadas promovieron masivamente su campaña, mientras ciberataques extranjeros que minaban la cohesión social influyeron decisivamente en el resultado. El tribunal supremo ordenó repetir el proceso electoral, confirmando que «el resultado del voto de los rumanos ha sido descaradamente distorsionado como consecuencia de la intervención rusa».
Además de la intervención extranjera, este caso reaviva el debate sobre el poder de las redes sociales en la manipulación política. Muestra el precio que pagamos al compartir nuestros datos.
El acceso a información privada también fue objeto de una decisión esta semana de un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos: ratificó la ley que podría prohibir TikTok en ese país. Basándose en preocupaciones de seguridad nacional porque la propietaria de la aplicación es una empresa -ByteDance- la decisión sostiene que la ley PAFACA (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) busca proteger la seguridad nacional frente a los riesgos de información sensible capturada por aplicaciones controladas por gobiernos extranjeros.
Los dos casos revelan un problema grave: nuestras interacciones digitales, rastreadas y manipuladas, se han convertido en armas de batallas políticas y económicas, nacionales e internacionales.
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Las fábricas de perfiles
Detrás de cada usuario de redes sociales existe un «gemelo digital» meticulosamente construido que recoge tanto lo declarado abiertamente (edad, ubicación, intereses) como lo que revelan sus comportamientos digitales, como tiempo de visualización, contenidos compartidos y horarios de actividad. Este perfil invisible es el eje de una industria multimillonaria basada en la explotación de datos.
En las principales plataformas sociales, este perfilado alcanza niveles cada vez más sofisticados. TikTok y Meta (Facebook e Instagram) pueden inferir estados de ánimo, susceptibilidad a ciertos mensajes políticos e incluso tendencias depresivas a partir de los tiempos de visualización y patrones de interacción. WhatsApp, pese a su cifrado de extremo a extremo, comparte con Meta metadatos que revelan patrones de comunicación y redes de contactos.
Snapchat construye perfiles basados en ubicación en tiempo real y uso de filtros, mientras Telegram, bajo investigación en Francia, almacena la mayoría de las comunicaciones en servidores globales, excepto los «chats secretos». YouTube, por su parte, mapea intereses y radicalización potencial a través del historial de videos.
El valor comercial de estos perfiles es astronómico: las empresas pagan millones por acceder a estas bases de datos que predicen comportamientos de consumo. Sin embargo, su verdadero poder va más allá del ámbito comercial: alimentan sistemas de inteligencia artificial que no solo anticipan conductas sino que pueden influir activamente en ellas.
El caso de Cambridge Analytica en las elecciones estadounidenses de 2016 y el reciente caso de manipulación electoral en Rumanía demuestran cómo estos perfiles digitales, comercializados por “data brokers”, se han convertido en poderosas herramientas de manipulación política que amenazan los procesos democráticos.
Los «data brokers» actúan como mayoristas en el mercado negro de los datos privados comerciando perfiles que incluyen desde historiales de navegación hasta registros de ubicación. Inicialmente con fines puramente comerciales, hoy se han convertido en herramientas de manipulación política.
El papel de las redes sociales
Las redes sociales son la piedra angular de estas fábricas de perfiles. Los usuarios a menudo aceptan condiciones sin comprender que otorgan acceso a sus interacciones, contactos y ubicaciones. Las plataformas monetizan esta información directamente y permiten acceso a terceros mediante acuerdos comerciales y APIs (las i de programación de las aplicaciones, que se utilizan para integrar nuevas aplicaciones con los sistemas de software existentes).
En el intercambio aparentemente inocuo entre entretenimiento e e información personal, otorgamos control sobre nuestra percepción de la realidad y nuestras decisiones. Perdemos la confianza en los espacios colectivos de comunicación y arriesgamos la integridad democrática, como demuestran los casos de Rumanía y Cambridge Analytica, en la primera elección de Donald Trump.
El resultado de todo es una maquinaria de manipulación que opera las 24 horas, alimentada por nuestros datos y optimizada para mantener nuestra atención, sin importar el costo para la verdad o la democracia
Un círculo vicioso
La pérdida de privacidad y el desorden informativo (DI) están estrechamente relacionados. Generan un ciclo: más información personal compartida significa perfiles más precisos y cuanto más expuestos estamos a contenido manipulado, más datos generamos sobre nuestras reacciones y susceptibilidades. Por eso la información que compartimos, muchas veces datos privados, se está convirtiendo en un poderoso combustible del DI.
Las redes sociales agravan el problema mediante la recolección de datos sin transparencia ni regulación adecuada. La falta de normas claras facilita manipulación y robo de información mediante phishing y suplantación de identidad.
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El DI también erosiona la privacidad de dos maneras: primero, mediante campañas de desinformación que emplean tácticas engañosas para robar datos personales; segundo, y más preocupante, cuando gobiernos y empresas explotan el clima de miedo generado por teorías conspirativas y noticias falsas para legitimar programas de vigilancia masiva. Amparados en la seguridad nacional o la lucha contra el crimen, estos actores buscan debilitar las leyes de protección de datos, presentándolas como barreras para la protección ciudadana.
Para romper este círculo, es crucial fortalecer la protección de datos y promover la alfabetización mediática e informacional (AMI).
La protección debe garantizar el consentimiento informado y el control de cada cual sobre su información personal. La AMI por su parte proporciona herramientas para que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre qué datos entregar y cuándo hacerlo en espacios digitales cada vez más invasivos: redes sociales, videojuegos, compras en línea, chats de IA y el metaverso, que recopila datos íntimos como movimientos corporales y expresiones faciales. Especial atención merecen las plataformas de apuestas en línea, uno de los sectores que más ha crecido en Colombia y donde los usuarios entregan cantidades masivas de información personal y financiera sin plena conciencia de sus implicaciones.
Las resistencias al fenómeno
Ha surgido un movimiento global que combina iniciativas ciudadanas, marcos regulatorios y herramientas tecnológicas. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo de 2018 y la PAFACA de Estados Unidos han establecido estándares que hoy influyen en legislaciones de todo el mundo. En Colombia, siguiendo esta tendencia, se está discutiendo el Proyecto de Ley «Por la cual se dictan disposiciones para el Régimen General de Protección de Datos Personales», que busca actualizar la Ley 1581 de 2012 y armonizarla con los estándares actuales.
Este proyecto propone la regulación específica de las tecnologías de aprendizaje, rastreo y neurotecnologías, así como disposiciones más robustas sobre transferencias internacionales de datos. Responde a la necesidad urgente de actualizar el marco normativo de Colombia sobre la materia.
Entre las iniciativas desde la sociedad civil colombiana merece destacarse el trabajo de la Fundación Karisma, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), El Veinte, y Access Now, que activamente luchan por la defensa de los derechos digitales y la protección de datos, mediante labores de vigilancia y denuncia y poniendo en la agenda pública el problema.
Ana Brian Nougrères, relatora especial de las Naciones Unidas en materia de Privacidad, señala que la protección de datos personales en la era digital representa una apuesta global orientada a garantizar la dignidad, libertad y autonomía de las personas. Los casos de Rumanía y Estados Unidos nos muestran cómo la falta de control sobre nuestros datos personales alimenta directamente el DI: cada fragmento de información que cedemos nos hace más vulnerables a la manipulación y la desinformación.
La privacidad no es simplemente un derecho individual: protegerla es fundamental para combatir la manipulación y salvaguardar la integridad democrática. Su futuro dependerá de las decisiones que tomemos hoy como sociedad sobre límites y salvaguardas. En la era digital, la privacidad requiere protección activa y vigilancia constante. Es, en definitiva, un elemento nuclear en nuestra resistencia contra el DI.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
