Por: Alvaro Duque Soto*
El mundo está repensando su relación con las tecnologías digitales, especialmente cuando afecta a menores de edad. Mientras Colombia debate nuevas regulaciones tras casos trágicos como el de Juan Felipe Rincón, Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, y Suecia busca un equilibrio entre lo digital y lo analógico en la educación al prohibir el uso de celulares en las aulas.
En este nuevo escenario, el trabajo de los verificadores profesionales de información se vuelve indispensable para combatir la desinformación y construir un entorno digital más seguro para niñas, niños y adolescentes.
El rol de la verificación en la protección de menores
La muerte violenta de Juan Felipe Rincón, de 21 años, quien habría intercambiado mensajes con niñas de 15 y 8 años, evidencia la necesidad de reforzar la protección de menores en entornos digitales. Este caso demuestra los riesgos que presentan las redes sociales cuando se usan sin supervisión adecuada, y resalta la importancia de implementar herramientas preventivas.
Frente a este panorama, el proyecto de Ley 261 de 2024 ha vuelto a las primeras planas. Esta iniciativa propone un marco regulatorio para proteger a los menores en redes sociales mediante medidas como restricciones horarias, controles parentales y la creación de una “Escuela para Padres”. Sin embargo, la propuesta no incluye explícitamente el papel de las organizaciones de verificación profesional, cuya participación podría fortalecer su implementación al supervisar normativas, analizar su efectividad y colaborar en programas de alfabetización mediática e informacional (AMI).
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Aunque las redes sociales pueden ser herramientas valiosas para la socialización de los jóvenes, la falta de pensamiento crítico y la exposición a contenidos perjudiciales afectan su bienestar. El ciberacoso, la búsqueda constante de validación y la desinformación exacerban problemas de salud mental como ansiedad y depresión.
Las organizaciones de verificación pueden ayudar a identificar y prevenir estas amenazas, fortaleciendo la AMI y promoviendo el pensamiento crítico en los menores.
Las organizaciones de verificación
En la complejidad de los desafíos actuales, las organizaciones dedicadas a la verificación se han consolidado como actores esenciales en la lucha contra el desorden informativo (DI). Su labor trasciende la simple verificación de datos y busca construir una cultura informativa basada en la transparencia y el pensamiento crítico. La Comisión Europea reconoció su importancia al anunciar en julio pasado la creación de una red europea de verificadores como principal elemento de su “escudo contra la desinformación”.
Su labor se sustenta en principios claros y una metodología afinada a medida que el ejercicio de verificación ha evolucionado, al pasar de ser un proceso interno de control en medios de comunicación a convertirse en un movimiento global que combate el DI. La creación de la International Fact-Checking Network (IFCN) en 2015 marcó un punto culminante al establecer estándares internacionales para garantizar la calidad y la imparcialidad en esta labor.
El trabajo de verificación sigue un proceso metodológico estandarizado: identificar contenido relevante, investigar sus fuentes originales, contrastar datos con bases confiables y analizar manipulaciones mediante herramientas digitales. Este enfoque reactivo diferencia a los verificadores de los medios tradicionales, cuya labor se centra en la cobertura proactiva de noticias.
Además, las organizaciones de verificación tienen una relación más activa con su audiencia, pues promueven la alfabetización mediática interactuando directamente con el público a través de redes sociales. Esta interacción fortalece su autoridad y credibilidad, basadas en la transparencia de sus procesos.
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Evolución del fact-checking
La verificación de datos surgió como una práctica interna de control en los medios de comunicación. En sus inicios, consistía en verificar datos, fechas y nombres antes de la publicación de una noticia, como lo hizo la revista Time en 1923. Con la llegada de internet, este ámbito se transformó, al impulsar la creación de plataformas dedicadas exclusivamente a la verificación de información, como Snopes en 1994 y FactCheck.org en 2003.
A partir de 2010, el auge de las redes sociales y el crecimiento del DI llevaron a una expansión enorme del movimiento. Hoy, la verificación de datos representa un nuevo modelo de periodismo centrado en la transparencia y la colaboración con las audiencias. Según el Laboratorio de Reporteros de la Universidad de Duke, a noviembre de 2024 hay 446 plataformas activas en el mundo dedicadas a combatir la desinformación y educar a la ciudadanía para desarrollar habilidades críticas frente a la información.
Un entorno digital más seguro para las nuevas generaciones
El impacto de las organizaciones de verificación trasciende la corrección de datos falsos. Son fundamentales en la construcción de un entorno digital más seguro para las nuevas generaciones. Su capacidad para desmentir teorías conspirativas y narrativas engañosas protege a los menores de influencias perjudiciales.
Otro aspecto destacable de su labor es la promoción del pensamiento crítico y la AMI. A través de programas educativos, estas organizaciones enseñan a los jóvenes a identificar señales de alerta en la información que consumen, evaluar la confiabilidad de las fuentes y utilizar herramientas de verificación. Este conocimiento los empodera para navegar de manera segura por el ecosistema digital.
Además, las organizaciones de verificación contribuyen a la creación de un entorno digital más confiable al priorizar datos veraces sobre mentiras y manipulaciones. Esto es muy relevante para las nuevas generaciones, que crecen en un mundo saturado de contenido digital y necesitan herramientas para discernir entre lo verdadero y lo falso.
Ante el avance de la inteligencia artificial, estas organizaciones desarrollan estrategias contra nuevas formas de desinformación, como la identificación de deepfakes y la educación sobre el uso responsable de estas tecnologías.
Aprovechar a los verificadores de información
Las medidas implementadas en Australia y Suecia representan dos enfoques distintos en la protección digital de menores. Australia ha adoptado una postura más restrictiva al prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, y fundamentó su decisión en estudios sobre el impacto negativo de estas plataformas en la salud mental juvenil. Esta medida, aunque controvertida, busca crear una barrera protectora durante los años más vulnerables del desarrollo adolescente.
Sin embargo, los críticos señalan que la prohibición podría tener efectos contraproducentes. Existe el riesgo real de que los jóvenes migren hacia espacios menos controlados como la darkweb, o desarrollen métodos para evadir las restricciones, con lo que se exponen a mayores peligros.
Por su parte, Suecia ha optado por una estrategia más focalizada al prohibir el uso de celulares en las aulas. Esta medida busca equilibrar el aprovechamiento de la tecnología con la necesidad de mantener espacios libres de distracciones digitales. El debate allá se centra en cómo esta restricción podría afectar el desarrollo de competencias digitales esenciales como la capacidad de búsqueda y verificación de información en tiempo real, el uso de aplicaciones educativas interactivas, la colaboración digital en proyectos escolares y el desarrollo de habilidades de comunicación multimodal.
Los críticos sostienen que estas competencias son esenciales en la era digital y que su aprendizaje requiere práctica constante en contextos educativos reales. Sin embargo, los defensores de la medida sostienen que estas habilidades pueden adquirirse en momentos específicos y controlados, sin necesidad de acceso permanente a dispositivos móviles.
En Colombia, donde se ha retomado el debate del PL 261 de 2024, las experiencias de Australia y Suecia nos brindan importantes lecciones. Una de ellas es que se debe tener en cuenta a las organizaciones de verificación pues pueden desempeñar un papel decisivo. Su experiencia en la verificación y el análisis de políticas públicas permite monitorear la efectividad de las medidas implementadas, identificar consecuencias no deseadas y generar un diálogo informado entre legisladores, plataformas tecnológicas y la sociedad civil.
Los verificadores pueden apoyar a las familias y al Estado en la búsqueda de un equilibrio entre libertad tecnológica y protección de la infancia. Este rol contribuiría a que la ley sea una herramienta efectiva para el desarrollo de las nuevas generaciones, y se reducirían tanto los riesgos de una prohibición excesiva como los de una permisividad sin control.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
