Por: Alvaro Duque Soto*
Cuatro controversias recientes han puesto de manifiesto el impacto de los datos en nuestra sociedad: la desestimación de cifras sobre ejecuciones extrajudiciales, la incertidumbre sobre los 20 000 cuerpos sin identificar en El Dorado, la alerta sobre cambios en la metodología para medir cultivos ilícitos y el cuestionamiento a la confiabilidad de las estadísticas del DANE.
A pesar de su disparidad, estos casos comparten un patrón: cifras que, al analizarse, revelan manipulación, sesgos, falta de contexto o una comprensión inadecuada de las metodologías empleadas. Esta situación muestra una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: mientras la disponibilidad de datos crece de manera exponencial, nuestra capacidad colectiva para interpretarlos parece disminuir.
Vivimos rodeados de datos. Sensores, dispositivos móviles, redes sociales, transacciones comerciales, investigación científica, sistemas de vigilancia, registros gubernamentales y una infinidad de fuentes generan constantemente un volumen sin precedentes de ellos. Y esta sobrecarga informativa dificulta discernir entre lo verdadero y lo falso.
En este contexto, la alfabetización de datos –la capacidad de comprender, analizar y usar datos críticamente– se vuelve esencial para una ciudadanía democrática. Ya no basta con saber leer números, necesitamos comprender cómo se producen, verifican y comunican los datos en una era donde su distorsión alimenta el desorden informativo (DI).
Las tres dimensiones de la alfabetización de datos
La alfabetización de datos es mucho más que habilidades técnicas. En un mundo cada vez más “datizado”, donde algoritmos y datos moldean nuestra vida social, política y económica, es clave desarrollar una ciudadanía de datos. Esto implica comprender y utilizar la información para una participación ciudadana activa en esta sociedad transformada por la información.
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Un ciudadano de datos trasciende la comprensión cuantitativa: ejerce sus derechos sobre sus datos personales, participa en debates sobre el uso de la información, comprende las implicaciones éticas y exige transparencia en las decisiones automatizadas que le afectan. Esta ciudadanía de datos se construye a partir de tres pilares: la alfabetización técnica, la participación activa en la generación y el uso de datos, y el ejercicio informado de los derechos digitales.
Esta ciudadanía se construye sobre tres dimensiones fundamentales de la alfabetización de datos:
La comprensión técnica, primera dimensión, implica saber leer e interpretar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, cuando el DANE reporta una tasa de desempleo del 9,3 %, debemos entender que este porcentaje proviene de una muestra representativa y no de un conteo total de la población. Esta dimensión nos permite comprender por qué la verificación de 1 934 nombres en casos de ejecuciones extrajudiciales no contradice la cifra total de 6 402 víctimas: son etapas diferentes de un mismo proceso de documentación.
El pensamiento crítico, segunda dimensión, nos permite evaluar la calidad y el contexto de los datos. Tomemos el caso de la medición de cultivos ilícitos: cuando la Unodc y el gobierno colombiano presentan números diferentes, no necesariamente hay un error. Las diferencias pueden explicarse por distintas metodologías de medición, momentos del año o definiciones de lo que constituye un cultivo ilícito.
La dimensión ética y social nos ayuda a entender el impacto humano detrás de los números. Cuando hablamos de los 20 000 cuerpos sin identificar en El Dorado, no estamos ante una simple estadística: cada número representa una familia buscando respuestas, una historia por resolver, un derecho a la verdad. Esta dimensión nos recuerda que los datos no son neutrales y que su manejo tiene consecuencias directas en la vida de las personas.
El sentido de esta dimensión quedó claro en la polémica generada por la senadora María Fernanda Cabal y el representante Miguel Polo en torno a las ejecuciones extrajudiciales: detrás de cada número hay una vida, una familia, una historia de dolor. Manipular estas cifras no es solo un ejercicio estadístico, sino un acto con profundas implicaciones éticas y sociales. Precisamente, para evitar estas manipulaciones, es fundamental conocer las trampas más comunes en el manejo de datos.
Las trampas de los datos
En el panorama informativo actual, donde los datos parecen ofrecer certezas irrefutables, es muy importante comprender cómo pueden distorsionar la realidad. Sin recurrir a la mentira directa, existen diversos mecanismos para moldear narrativas según intereses particulares.
La descontextualización es una de las tácticas más frecuentes. Lo vemos en el caso de la medición de cultivos ilícitos, donde presentar cifras absolutas sin considerar factores como las dinámicas territoriales, las políticas de sustitución o las condiciones socioeconómicas conduce a conclusiones simplistas y políticas ineficaces.
Igualmente peligrosa es la selección sesgada de datos. Este fenómeno se observa cuando se destacan ciertos datos mientras se minimizan u ocultan otros que podrían ofrecer una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando se presentan estadísticas de seguridad enfocándose solo en ciertos tipos de delitos mientras se ignoran otros igualmente relevantes.
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La manipulación visual constituye otra herramienta de distorsión cada vez más común en redes sociales y medios digitales. Los gráficos pueden manipularse truncando ejes o alterando escalas para exagerar o minimizar tendencias según convenga.
A estas prácticas se suma el uso engañoso de promedios, una técnica que puede ocultar desigualdades significativas. Por ejemplo, cuando se habla del ingreso promedio en una región sin considerar la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres.
Otra táctica recurrente es la confusión intencional entre correlación y causalidad. Se evidencia cuando se atribuyen relaciones causa-efecto a fenómenos que simplemente ocurren de modo simultáneo, sin demostrar una conexión real entre ellos.
Identificar estas trampas con los datos y saber escapar de ellas es muy relevante en nuestro actual contexto nacional, marcado por debates polarizados sobre memoria histórica, justicia transicional y políticas públicas. Para enfrentar estos desafíos, Colombia avanza en la creación de una infraestructura que permita un manejo más transparente y eficiente de los datos públicos.
La IDEC que quiere transformar la gestión de datos en Colombia
La inminente aprobación del Proyecto de ley para crear la Infraestructura de Datos del Estado Colombiano (IDEC) puede transformar radicalmente la manera como el Estado colombiano maneja, comparte y aprovecha sus datos.
La IDEC no es solo un sistema tecnológico: es un marco integral para organizar la totalidad de los datos del Estado. Su implementación afectará a todas las entidades públicas y a los particulares que manejen recursos estatales o ejerzan funciones administrativas. Entre sus objetivos principales se destaca la eliminación de trámites redundantes, lo que evita que los ciudadanos deban presentar la misma información repetidamente a diferentes instituciones.
Si la digitalización ha traído un nuevo lenguaje –los datos–, el proyecto IDEC es un ambicioso diccionario institucional. Pero así como un diccionario no garantiza la comprensión de un idioma, la IDEC no asegura el uso efectivo de los datos. La alfabetización de datos es indispensable para que esta iniciativa alcance su potencial democrático.
La Fundación Karisma ha alertado sobre dos riesgos de esta “fábrica de datos”: la automatización en la toma de decisiones estatales y, más preocupante aún, una no muy evidente intención del Ministerio TIC y el DNP de eximir a la IDEC de cumplir las reglas de protección de datos personales.
En todo caso, la modernización del manejo de datos estatales a través de la IDEC se complementa con avances significativos en la institucionalidad estadística del país. La Ley 2335 de 2023 representa un hito al blindar la producción de estadísticas oficiales de interferencias externas y exigir que procesos cruciales, como los censos nacionales, se realicen en ciclos regulares. Por su parte, el Plan Estadístico Nacional 2023-2027 establece una hoja de ruta para consolidar el enfoque diferencial en las estadísticas y fortalecer la producción de datos territoriales, atendiendo las necesidades específicas de información de todas las regiones y los grupos poblacionales.
El DANE ejemplifica cómo la evolución metodológica y la transparencia pueden coexistir. Los debates recientes sobre sus cifras son una buena oportunidad para que esa institución muestre mejor a la ciudadanía los procesos de producción y verificación de datos oficiales, pues los ajustes metodológicos son una práctica necesaria para capturar con mayor precisión fenómenos sociales y económicos cada vez más complejos.
En este punto la alfabetización de datos es un puente necesario entre la infraestructura técnica y su uso democrático. No se trata de convertir a todos en científicos de datos, sino de desarrollar las competencias básicas para entender, cuestionar y utilizar la información. Necesitamos ciudadanos capaces de evaluar cuándo la explotación de datos sirve al bien común y cuándo puede vulnerar derechos fundamentales.
El éxito de IDEC dependerá no solo de su implementación técnica, sino de nuestra capacidad colectiva para convertir los datos en conocimiento útil para la sociedad. Esto requiere una ciudadanía que entienda tanto las posibilidades como los límites de los datos, que pueda exigir transparencia en su uso y que participe activamente en las decisiones sobre su gestión.
Datos para una ciudadanía activa y crítica
La alfabetización de datos es un derecho fundamental en la era digital. Los casos analizados demuestran cómo el manejo inadecuado de datos puede alimentar el DI y debilitar nuestra democracia.
Los datos son el nuevo lenguaje del poder público: pueden revelar verdades incómodas o encubrirlas, empoderar a los ciudadanos o manipularlos. En este contexto, la alfabetización de datos se convierte en una herramienta esencial para combatir la desinformación, exigir rendición de cuentas y asegurar que la información pública sirva al bien común.
Ante la consolidación del Estado colombiano como una “fábrica de datos”, la ciudadanía necesita fortalecer sus competencias críticas. No basta con consumir información: debemos saber analizarla, verificarla y utilizarla para defender nuestros derechos. Solo así podremos detectar y confrontar el uso malintencionado de datos que alimenta el desorden informativo.
El desafío es evitar que la capacidad de entender y usar datos se convierta en un nuevo factor de desigualdad. La alfabetización de datos debe ser parte integral de la formación ciudadana, un escudo contra la manipulación y una herramienta para la participación democrática informada.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
