Por: Alvaro Duque Soto*
“Los migrantes están comiendo mascotas en Springfield, Ohio.” “Vean a Kamala Harris vestida como dictadora comunista.” “Las máquinas de conteo han sido hackeadas.”
La campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos confirmó que la desinformación se ha consolidado como una herramienta eficaz para alcanzar el poder. Es barata y produce beneficios políticos. Lo más alarmante es que estas falsedades, son amplificadas desde posiciones de influencia.
El caso de Elon Musk es emblemático. El hombre más rico del planeta y modelo para muchos jóvenes ha convertido X (antes Twitter), la plataforma que adquirió por 44.000 millones de dólares, en un amplificador de teorías conspirativas, noticias falsas y mensajes polarizadores que distorsionan el debate público.
Este fenómeno revela una preocupante realidad: el desorden informativo (DI), que ha sido un tema central en esta serie, socava nuestros derechos fundamentales en el entorno digital. El derecho a la comunicación –que incluye tanto la libertad de expresión como el acceso a información veraz– se ve amenazado en un ecosistema de medios donde la verdad parece haberse vuelto opcional, y la manipulación la norma.
En esta cuarta entrega, exploramos cómo proteger nuestros derechos comunicativos y digitales en una era donde la desinformación se difunde sin barreras. Vamos más allá de la alfabetización mediática tradicional para proponer un enfoque integrado de competencias que permita navegar este nuevo panorama informativo.
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Mutaciones del ecosistema digital
El ecosistema digital actual ha transformado profundamente la forma en que consumimos y procesamos información. Según el informe Digital 2024 de We Are Social y Hootsuite, cada minuto se generan 44 millones de mensajes en WhatsApp, 500 horas de video en YouTube, 60.000 fotos en Instagram, 7.500 videos en TikTok y 1,7 millones de contenidos en Facebook. En este caudal de información, la velocidad y el volumen desafían nuestra capacidad de discernimiento y alteran nuestra relación con la verdad.
Los medios tradicionales, con sus procesos de verificación y líneas editoriales definidas, han perdido protagonismo ante un sistema donde la información fluye sin filtros ni jerarquías. El Reuters Institute Digital News Report de 2024 reafirma una tendencia identificada en el informe de 2023: las redes sociales y otras plataformas digitales ya son la principal fuente de noticias para la mayoría de los usuarios menores de 35 años, superando a los medios convencionales.
A diferencia de los medios tradicionales, que rinden cuentas ante la ley y sus audiencias, estas plataformas operan sin una responsabilidad equivalente. Han dejado de ser simples intermediarias para convertirse en actores influyentes del debate público, con un alcance que supera al de los medios convencionales. Sus algoritmos obedecen a intereses comerciales y presiones externas, priorizando el engagement sobre la veracidad y promoviendo contenidos que maximizan la interacción, aunque distorsionen la realidad.
Un ejemplo claro de los riesgos de este ecosistema es lo que ha sucedido este año en Valencia (España). Durante dos tragedias que han marcado a la ciudad –el incendio del Campanar en febrero y la devastadora DANA de octubre, que dejó más de 200 muertos– las redes sociales se han llenado de teorías conspirativas y desinformación amplificada por influencers, mientras los equipos de emergencia aún luchaban por salvar vidas.
La manipulación informativa tiene una ventaja estructural: mientras que una mentira se viraliza en segundos, refutarla requiere tiempo, verificación y análisis detallado. Este desequilibrio beneficia a quienes buscan manipular y expone una vulnerabilidad clave en nuestro derecho al acceso a información veraz.
Los derechos en juego: más allá de la libertad de expresión
El derecho a la comunicación va más allá de la libertad de expresión. No se trata solo de expresar y difundir ideas, sino también de acceder a información verificada y al conocimiento para una participación efectiva en el debate público. En su dimensión actual, tal garantía fundamental se vincula con los derechos digitales, como la protección de datos personales, la privacidad en línea y la seguridad digital. La convergencia de dichas libertades plantea otros riesgos: los algoritmos que rastrean nuestras interacciones comprometen nuestra privacidad y moldean nuestra percepción de la realidad, generando burbujas informativas que refuerzan sesgos y profundizan la polarización..
Este panorama distorsionado crea el caldo de cultivo perfecto para el DI, que socava las bases del debate público, porque cuando distintos grupos de ciudadanos se basan en «hechos» contradictorios, el diálogo constructivo se vuelve imposible. Esta ruptura alimenta la polarización política y debilita las instituciones democráticas al erosionar la confianza pública.
La inteligencia artificial añade una nueva dimensión al problema. Los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden componer textos persuasivos y aparentemente fundamentados sobre cualquier tema. Los generadores de imágenes como DALL-E y Midjourney crean imágenes ultrarrealistas. Las herramientas de clonación de voz pueden replicar cualquier voz con unos minutos de muestra. Así, la IA no solo permite que el DI prolifere en formatos variados, sino que hace que sus diversas manifestaciones (noticias falsas, parodias) se integren de forma casi natural en la conversación pública.
Sin embargo, como señalan investigadores de la Universidad de Leeds en un reciente estudio, la IA también puede ser aliada en la lucha contra el DI. Nuevos sistemas utilizan aprendizaje automático para detectar manipulaciones sutiles en contenido digital, y el análisis de patrones cerebrales y de movimiento ocular prometen ayudar a identificar cómo las personas procesan información falsa. Estas tecnologías abren la puerta a soluciones que refuerzan nuestro acceso a la verdad y demuestran que también existen alternativas efectivas para combatir el DI.
Un desafío colectivo
Como sucede con cada innovación tecnológica, la crisis que genera el DI en nuestra vida cotidiana contiene tanto riesgos como oportunidades. Si bien su constante avalancha amenaza el ecosistema informativo, la AMID emerge como una herramienta esencial para fortalecer una ciudadanía informada y crítica.
El éxito de esta herramienta reside en su aplicación colectiva, pues la protección de nuestros derechos comunicativos y digitales trasciende la responsabilidad individual y necesita del esfuerzo coordinado del sistema educativo, las plataformas digitales, la sociedad civil y los medios de comunicación.
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Necesitamos una cultura de verificación donde el pensamiento crítico sea la norma. Esto implica:
Incorporar la AMID en todos los niveles educativos.
Fomentar el diálogo intergeneracional sobre prácticas mediáticas.
Crear espacios comunitarios para la verificación colaborativa.
Desarrollar marcos regulatorios que equilibren los intereses comerciales de las plataformas con la necesidad social de información verificada.
Apoyar el periodismo de calidad y la investigación.
El sistema educativo, además de enseñar el uso de tecnología debe formarlos para analizar con criterio la producción, distribución y el consumo de información. Prohibir los celulares en los colegios puede estar bien pero no es suficiente. Lo esencial es fomentar una relación crítica con los medios digitales y formar una demanda de información responsable. Regular únicamente la producción de información puede llevar a intervenir la libertad de expresión, pilar de las democracias modernas.
Las plataformas digitales deben asumir mayor responsabilidad por su impacto en el debate público. La transparencia en los algoritmos y políticas efectivas contra la desinformación requieren tanto marcos regulatorios claros como incentivos de mercado al comportamiento responsable.
La sociedad civil, a pesar de su posición de desventaja frente a los gigantes tecnológicos, puede ganar influencia mediante la organización colectiva para impulsar esta rendición de cuentas y fortalecer la verificación y la educación mediática.
Los medios tradicionales, en tanto, enfrentan el desafío de adaptarse al entorno digital sin comprometer sus estándares profesionales ni caer en la trampa de reproducir contenido viral sin revisión. Hoy más que nunca necesitamos periodismo de calidad que encuentre maneras creativas de conectar con audiencias que se han trasladado a las plataformas sociales.
Aunque varios medios ya están innovando para mantener el rigor y la confianza, seguir las tendencias de X o replicar videos virales de TikTok no siempre garantiza la credibilidad deseada. Tampoco lo es recurrir a “medios alternativos”, que, aunque responden a la concentración en los medios convencionales, suelen operar con mínimos estándares de verificación, promoviendo a veces el DI con mayor intensidad.
Del análisis a la acción
Asumir un rol activo como consumidores críticos de información requiere que usemos la AMID para evaluar tanto los contenidos como las estructuras de poder que los influyen. La propiedad de los medios de comunicación en Colombia ilustra la importancia de este análisis: la concentración en pocas manos ha limitado el pluralismo democrático y generado una uniformidad en las agendas noticiosas.
En las organizaciones mediáticas controladas por los grandes grupos económicos del país, las decisiones editoriales suelen favorecer los intereses corporativos de sus propietarios, sea mediante la promoción de ciertos temas o el silenciamiento de otros que podrían afectarlos.
Para develar estas dinámicas, la AMID nos propone preguntas clave: ¿Quién produce esta información y con qué intereses? ¿Por qué se publica en este momento? y ¿Qué perspectivas quedan fuera? Estas interrogantes nos permiten entender cómo los intereses económicos moldean las narrativas y limitan la diversidad de voces.
En redes sociales, la AMID también ofrece herramientas para cuestionar el origen y la intención de los contenidos virales. Preguntas como ¿Cuándo y dónde se originó el contenido? ¿Existen señales de manipulación técnica? y ¿Quién inició su difusión y con qué propósito? son esenciales para evaluar la autenticidad en un entorno donde los algoritmos priorizan la interacción sobre la veracidad.
Además, el análisis crítico mediante la AMID comienza cuestionando cada información que recibimos: ¿Cuál es su origen? ¿Existen fuentes independientes que la respalden? ¿Ha sido manipulada o sacada de contexto? Este análisis crítico requiere distinguir entre hechos y opiniones, identificar técnicas de manipulación emocional y evaluar la calidad de las evidencias. Herramientas como la búsqueda inversa en TikTok, los paneles informativos de YouTube y los límites al reenvío masivo en WhatsApp son útiles, pero el pensamiento crítico sigue siendo la defensa más efectiva contra el DI.
De manera complementaria, la AMID nos ayuda a desvelar la lógica detrás de las plataformas digitales. Al comprender cómo sus algoritmos determinan qué contenidos vemos, reconocemos que estos sistemas buscan captar nuestra atención, no informarnos. Esta consciencia sobre sus sesgos nos permite tomar decisiones más fundamentadas sobre nuestro consumo digital y, sobre todo, fortalecer nuestra autonomía como ciudadanos.
El desafío es inmenso, pero las herramientas están a nuestro alcance. La AMID no es un lujo académico sino una necesidad democrática, pues constituye un gran escudo contra la manipulación en la era digital. Solo ciudadanos capaces de consumir información responsablemente podrán defender sus derechos y contribuir a una sociedad mejor informada y más resiliente frente a la manipulación.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
