Por: Alvaro Duque Soto*
En la segunda quincena de agosto, la autoridad de datos de Brasil sancionó a TikTok, fiscales de Estados Unidos cerraron con Meta un acuerdo multimillonario y la Corte Constitucional colombiana puso un límite a la difusión de historias íntimas. Cada caso mereció grandes titulares por separado. Vistos en conjunto, permiten ver la situación desde otro lugar. Ponen el foco en tres momentos de la vida digital, antes de registrarnos, durante el uso y al intentar retirar una historia que ya circuló.
Con frecuencia, ante el uso compulsivo, el acoso o un contenido dañino, la respuesta apuntaba al mismo lado. Al usuario, la familia o la autorregulación de las plataformas. Estas tres decisiones apuntan a otro lado. A los datos que la plataforma recoge, al diseño que dirige la conducta y al permiso que se da por hecho.
Falta saber si estos avances transformarán las reglas de las redes o si quedarán como costos que las grandes empresas asumen sin alterar el núcleo de su operación.
El supermercado, el casino y el tatuaje
La pérdida de control en la vida digital ocurre en tres tiempos. Cada uno funciona bajo una lógica fácil de reconocer. Se asemejan a un supermercado, a un casino y a un tatuaje.
Antes de entrar, la plataforma funciona como un supermercado que estudia al cliente. El visitante no compra nada, pero el local registra su recorrido para saber dónde se detiene, qué toma en las manos y cuánto tiempo se queda frente a un estante. La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil multó a ByteDance al comprobar que TikTok aplicaba esta misma lógica. Como el supermercado que registra el recorrido de un cliente, TikTok podía reunir señales sobre quienes navegaban sin abrir una cuenta y usarlas para personalizar contenidos y publicidad. Por eso, la autoridad ordenó cambios en el acceso sin registro y la eliminación de datos en determinados casos.
Ya adentro, la red se asemeja a un casino sin relojes ni ventanas. Todo está dispuesto para que la partida parezca no tener fin y el jugador no abandone la sala. Las notificaciones, la reproducción automática, el conteo de “me gusta” y el desplazamiento continuo constituyen decisiones de diseño que facilitan que los usuarios permanezcan más tiempo en la pantalla. Esa es la arquitectura que fiscales de Estados Unidos le atribuyeron a Meta.
Presionada, la empresa aceptó pagar hasta 16.680 millones de dólares en un acuerdo que se ejecutaría durante diez años y aplicar límites diarios y bloqueos nocturnos para adolescentes. Estas medidas pueden reducir ciertos riesgos. Queda la duda de cuánto cambia realmente una plataforma si apaga el servicio de noche y mantiene sistemas de recomendación poco transparentes, que influyen en qué aparece primero y qué contenido recibe más atención. La cifra parece enorme, hasta ponerla al lado de otra. En un solo trimestre de 2026, Meta facturó 60.800 millones de dólares. La multa, repartida en diez años, pesa menos que un mes de esa facturación. La reacción inicial de los mercados fue favorable, pues el acuerdo redujo una incertidumbre judicial para la empresa.
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Al salir, una historia publicada puede parecerse a un tatuaje. Se hace con rapidez y quitarlo puede tomar tiempo, duele y casi nunca borra del todo la marca. La Sentencia T-241 de 2026 expuso esta realidad al proteger a una mujer frente a la difusión de una historia íntima publicada sin un consentimiento válido para ese uso. Un relato personal o una imagen pueden circular mucho más allá del momento en que se compartieron. La Corte Constitucional delimitó el alcance de un permiso digital al establecer que debe ser previo, libre e informado; su alcance depende del uso autorizado y puede revocarse. Retirar una historia ya distribuida puede requerir tiempo, orientación jurídica y un desgaste que muchas personas no están en condiciones de asumir.
Reglas que llegan tarde
Cada fallo atiende un caso concreto y puede fijar un precedente. Muchas situaciones semejantes quedan por fuera de esa decisión. La sanción en Brasil, el tope de horas en Estados Unidos o el retiro de una historia en Colombia no resuelven por sí solas las reglas de fondo, las que deciden qué datos se toman, cómo se ordena la pantalla y quién gana con lo que publicamos.
Lo mismo pasa con las herramientas que les damos a las familias y a los colegios. El acuerdo de Meta funciona como un toque de queda, restringe el uso nocturno y fija límites diarios, sin resolver por completo lo que ocurre durante las horas de uso, cuando las notificaciones, las recomendaciones y la reproducción automática siguen llamando la atención. Un padre pone un límite de tiempo, un colegio guarda los teléfonos en clase. Sirven cuando el adulto tiene el aparato a la vista, para reducir distracciones durante la clase. No dicen qué datos recoge la plataforma, ni cómo elige lo que muestra, ni cómo bajar algo que ya salió de casa.
Así, la protección depende demasiado de los recursos, el tiempo y los conocimientos de cada persona Los fallos corrigen el daño puntual, pero una sociedad no debería hacer depender la seguridad de sus hijos del dinero para un abogado, del aguante de una víctima para llegar hasta una Corte o de que un grupo de fiscales logre sentar a una empresa a negociar.
Por eso hacen falta reglas generales. Deben aclarar qué datos puede recoger una plataforma, qué protecciones debe ofrecer a menores y qué camino sigue una persona cuando ocurre un daño. También se necesitan autoridades capaces de aplicar esas reglas y personas que sepan dónde pedir ayuda.
La protección depende del país
Las tres decisiones abren una pregunta más grande. Cómo ponerles reglas a plataformas globales con leyes que terminan en cada frontera.
Meta aplica en Estados Unidos lo que pactó con los fiscales de ese país, y esas condiciones no se trasladan de forma automática a los adolescentes en Colombia.
Esperar a que otro país obligue a la empresa no protege a un adolescente en Bogotá o Quibdó. Lo que sí está a nuestro alcance empieza más cerca, en la casa y en el colegio. Las plataformas rara vez explican de forma suficiente cómo recogen datos o recomiendan contenidos. La escuela y la casa pueden abrir esa conversación. Pero un maestro no puede enseñar lo que nadie le enseñó. Antes de pedirle al colegio que forme a los estudiantes, hay que formar a los maestros. Después vienen los acuerdos concretos, qué se publica de los menores, quién autoriza una foto, qué se hace cuando un problema del chat estalla en el salón.
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En casa, la autoridad digital no siempre va del adulto al niño. A veces el hijo maneja una aplicación con más destreza que la persona adulta que lo acompaña. Por eso el aprendizaje va y vuelve. Las familias pueden conversar sobre qué se publica, cuánto tiempo se dedica a una aplicación y qué límites resultan razonables para cada edad.
Esa misma lógica vale para las normas. Las reglas sobre edad, privacidad y seguridad deberían incluir la voz de niños y adolescentes, que conocen de primera mano cómo usan las plataformas, qué riesgos reconocen y qué espacios temen perder.
La prueba pendiente
Las decisiones de estas semanas cambian una pregunta habitual. Ya no basta con preguntarse quién vigila a los niños. También importa saber quién vigila a quienes diseñan las pantallas, reúnen los datos y fijan las reglas de la conversación pública. Esa segunda pregunta casi no se hacía. Durante años las plataformas lograron presentar sus decisiones de diseño como asuntos técnicos, y el daño como un error del que se equivoca al usarlas. Eso empieza a cambiar.
Colombia puede aprender de lo que Brasil y Estados Unidos ya pusieron sobre la mesa, los datos de menores, el diseño de los productos, el consentimiento, la reparación, sin copiar fórmulas ajenas. Ya el país cuenta con normas sobre la materia, pero todavía enfrenta dificultades para coordinarlas, aplicarlas y acercarlas a la vida cotidiana. Lo nota cualquier familia que improvisa frente a una aplicación, cualquier colegio que recibe un conflicto sin herramientas para manejarlo, cualquier víctima que descubre que el derecho existía cuando su historia ya había circulado. Una norma clara puede ampliar la protección y hacer más accesibles las vías de reclamo. Su efecto depende de que existan instituciones capaces de aplicarla y personas que conozcan sus derechos.
La formación abarca más que el manejo de las aplicaciones. Ayuda a entender las normas, discutirlas y usarlas en situaciones concretas. Y empieza por algo concreto, aprender a leer el sistema por dentro. Que una niña sepa que puede pedir que bajen su foto. Que una familia entienda que muchas alertas buscan que volvamos a la pantalla. Que una comunidad educativa discuta las reglas en lugar de dejárselas enteras a la plataforma. Esa conversación no resuelve por sí sola los conflictos digitales. Pero puede evitar que las decisiones sobre datos, permisos y recomendaciones se tomen sin que entendamos qué está en juego antes, durante y después del clic.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
