Por: Alvaro Duque Soto*
El martes 18 de agosto, en la Fiscalía, el presidente Abelardo de la Espriella entregó a los entes de control el Libro de la verdad, un texto de 135 páginas con más de ochenta casos de supuesta corrupción durante el gobierno anterior.
Al día siguiente, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda ejercieron el derecho de réplica y hablaron de un “libro de la mentira”. Poco después, el exministro de Defensa Pedro Sánchez anunció en radio una página web para responder las denuncias y soltó una frase de guerra: “la desinformación es más peligrosa que las balas”. Fueron dos maneras de contar el Estado y su pasado reciente con lenguajes que describían realidades casi paralelas.
El documento oficial contiene cifras que, de confirmarse, serían graves. La oposición respondió con su propia contabilidad: 48 falsedades, 14 exageraciones y 21 acusaciones sin sustento, además de objeciones al método.
Ante esa avalancha de acusaciones y réplicas, los ciudadanos quedamos sin espacio para comparar y acudimos a las salidas habituales. Una, verificar por cuenta propia, lo que exige tiempo, conocimientos especializados y una dedicación que no encaja con la vida diaria. La otra, aguardar las decisiones de la justicia. En un país donde muchos procesos se dilatan, se politizan o se archivan, esa espera parece ingenua, pues la discusión pública no da tregua y presiona por respuestas inmediatas.
La verificación en disputa
Ambos bandos se apropian de los métodos con los cuales la ciudadanía intenta protegerse del desorden informativo. Voceros oficiales y líderes de oposición insisten en contrastar fuentes, cotejar documentos y desmontar falsedades. El ciudadano que intenta aplicar esas pautas las encuentra ya tomadas por quienes aseguran que la verdad está de su lado.
Cada sector clasifica los hechos a su manera, con sus propias categorías, antes de que podamos acceder a los documentos. Nos llevan a valorar si un relato suena verosímil, cuando importa más revisar en qué se funda cada afirmación, qué expedientes están abiertos y qué organismos tienen competencia para decidir.
Todo corre a dos velocidades. Las instituciones requieren pruebas, descargos y análisis técnicos que tardan meses o años. En las redes, un señalamiento surge en minutos y los juicios sumarios llegan antes de que aparezcan los soportes. En ese desfase, cada parte intenta fijar su versión.
Sin base común
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen la responsabilidad legal de dirimir. Sus dictámenes, sin embargo, suelen llegar cuando los relatos partidistas ya colonizaron las conversaciones cotidianas, las redes y los medios. Cada grupo ya cuenta con una versión parcial de los hechos. Las entidades de control conservan su investidura legal, pero encuentran una opinión pública impaciente que abraza lo favorable a su trinchera y descalifica lo adverso.
Las dinámicas digitales profundizan la confusión. Una captura de pantalla fuera de contexto, un extracto audiovisual editado o una acusación desde una cuenta partidista logran difundirse con idéntica rapidez y aparente validez que un comunicado oficial. Diferenciar una denuncia formal, una sospecha, una opinión interesada y un fallo judicial requiere un esfuerzo que la prisa digital desincentiva.
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Hannah Arendt sostenía que el acuerdo sobre los hechos básicos es la condición mínima de cualquier democracia. En Colombia, esa base siempre ha sido precaria, y en esta disputa se pulveriza. Cuando se rompe, dejamos de discutir qué hacer frente a un problema y pasamos a discutir si los hechos existieron o son un invento del oponente. La conversación se traba. Cada grupo admite como cierto solo lo que ratifica lo que ya pensaba.
Los documentos ya no se leen para esclarecer y comienzan a usarse para defender una identidad partidista. La disputa documental deriva en una batalla por el relato con que el país se explica lo que pasa. El contradictor deja de ser un rival con quien discrepar y se convierte en enemigo. Quien pide un soporte queda como cómplice, y quien reclama una respuesta pasa por traidor.
En esa lógica, los ataques que buscan descalificar la integridad moral del oponente terminan por otorgarle uno de los mejores disfraces de la política: el de víctima perseguida. Esa dinámica refuerza las defensas de quienes ya se sienten asediados. Los simpatizantes quedan menos dispuestos a revisar documentos, cifras o decisiones que vengan del campo opuesto, y la discusión se vuelve una prueba de lealtad.
Filtros para leer la disputa
En medio de dos versiones que se descalifican mutuamente, la ciudadanía puede usar filtros que ayudan a leer una acusación o una respuesta sin tragársela entera. También invitan a pausar el impulso de reenviar o comentar, un gesto determinante frente a plataformas diseñadas para premiar la reacción automática.
El más básico separa tres planos, el dato, la interpretación y la conclusión sobre una intención. Una cifra de ejecución es un dato. Explicar por qué pasó corresponde al terreno interpretativo. Sostener una acusación de corrupción demanda pruebas que vinculen las cifras con decisiones irregulares y responsables directos.
También hay que mirar la fuente, si está el documento completo, con anexos, fechas y responsables, y de dónde salen los datos. Eso aplica para el libro del Gobierno, la página de la oposición, las declaraciones de los ministros en la sombra y cualquier documento que aparezca en los próximos días.
El propio Libro de la verdad, en su introducción, aclara sus límites. No es un empalme formal, ni una auditoría, ni una investigación judicial, y no atribuye responsabilidades individuales. Su valor es diagnóstico, no concluyente. Puede mostrar fracturas reales, aunque está condicionado por la mirada de quien acaba de recibir el Gobierno. Esa advertencia se ha perdido en el fragor del debate. Recuperarla ayuda a no confundir una alerta con una sentencia.
Otra pregunta útil apunta a lo que se dejó por fuera. Una cifra puede necesitar contexto presupuestal, legal o territorial, y un contrato mal ejecutado señala un problema, todavía no un delito. Así se evitan dos abusos frecuentes, volver condena una sospecha y cerrar un caso con una aclaración parcial.
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Un filtro adicional, y no menor, pasa por la inteligencia artificial. En esta disputa, por ejemplo, circuló la acusación de que el documento del Gobierno había sido redactado con IA. Hoy un texto creíble ya no prueba nada por sí mismo. Toca preguntar quién lo publicó primero, de dónde salieron los datos y si el lenguaje muestra patrones mecánicos o errores en serie. La IA fabrica textos pulcros e inventa datos, así que una pieza pulida puede ser un montaje, y un borrador burdo, la única denuncia fundamentada. No hay que atender tanto al estilo como a la trazabilidad.
El último filtro, quizás el más útil, evalúa qué quiere provocar el mensaje. Si procura aclarar un asunto, merece atención. Si instrumentaliza datos para incitar hostilidad, es mejor desconfiar. Muchas denuncias públicas buscan dañar reputaciones más que esclarecer hechos. Detectar esa intención cambia la forma como recibimos la información.
El derecho a decir todavía no sé
A veces los filtros revelan que falta un soporte, que una cifra necesita contexto o que una acusación mezcla un dato cierto con una conclusión sin sustento. Ahí aparece el derecho a decir “todavía no sé”. Es una postura provisional frente a versiones que se presentan como definitivas aunque todavía estén incompletas.
En una reunión familiar, un grupo de WhatsApp o un intercambio laboral, casi siempre se esperan veredictos tajantes y suele marcar el tono la frase más agresiva o la más cercana a nuestras propias simpatías. Detenerse para reconocer que faltan elementos corta esa inercia y devuelve la atención a las preguntas de fondo.
Decir “todavía no sé” desactiva la trampa de la lealtad. Cuando un grupo pide adhesión inmediata, esa reserva evita repetir una acusación o una defensa antes de saber si está sustentada.
Esa cautela no pone todas las declaraciones en el mismo nivel ni promueve la indiferencia. Plantea una exigencia ciudadana para reclamar que el Gobierno publique documentos completos, que la oposición precise sus descargos punto por punto y que los entes de control detallen con rigor qué investigan, qué descartan y qué encuentran.
Volver a conversar
Cada quien puede aplicar esos filtros por su cuenta. La democracia necesita además espacios donde las distintas visiones dialoguen sin que la conversación se rompa ante la primera divergencia. Los entornos digitales y las comunidades afines nos empujan a encerrarnos con quienes piensan igual, y con el tiempo anulamos cualquier disposición a escuchar argumentos ajenos y le atribuimos al otro intenciones peores que sus opiniones.
Una conversación cotidiana puede tomar otro rumbo. Antes de repartir culpas, vale preguntar qué documento consultó el interlocutor y qué datos sustentan sus posturas. También sirve sintetizar lo entendido antes de responder. Así la discusión parte de razones que el otro reconoce como propias y no de la versión que sus detractores le atribuyen.
Las situaciones de emergencia colectiva, como los recientes terremotos que afectaron el occidente del país, demuestran que hay daños que obligan a buscar un terreno compartido. Las disputas por el manejo de la crisis siguieron intactas, pero por unos días la prioridad fue otra, atender a los damnificados. Esa experiencia muestra que es posible trabajar de manera conjunta, incluso en medio de desacuerdo.
Después de la pelea política, los mismos problemas seguirán ahí y habrá que resolverlos juntos, aunque entendamos el país de otra manera. Una tarea urgente consiste en enseñar a las nuevas generaciones a convivir con quien piensa distinto y a entender que ser diferente no equivale a ser enemigo. Sobrevivir a la guerra de las verdades empieza ahí, en no dejar que una diferencia partidista nos impida reconocer al otro como alguien con quien todavía compartimos el barrio, la oficina, el colegio o la familia. Tal vez un primer paso sea sencillo: sentarse a tomar un tinto con quien piensa distinto.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
