Por: Alvaro Duque Soto*
Una semana después del terremoto que sacudió el occidente del país, y con la presión de los incendios forestales en distintas regiones, la conversación ya no se limita al recuento de daños. Surgen preguntas sobre lo que funcionó, lo que falló y lo que se puede prevenir para la próxima vez.
Esta emergencia deja por ahora dos certezas que pueden guiar reflexiones sobre el futuro. La primera es que la prevención salva vidas y sus efectos se pueden medir. Armenia, que en 1999 perdió cerca de mil personas, no registró un solo muerto esta vez ni edificios colapsados, si bien se reportaron más de 170 heridos y unas ochenta viviendas con orden de evacuación. Los especialistas atribuyen ese resultado a la profundidad y la distancia del sismo, y también a la reconstrucción sismorresistente que la ciudad emprendió hace 27 años.
La segunda certeza es que tener una voz técnica reconocida marca diferencia. En minutos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que el volcán Puracé no se había reactivado por causa del temblor, desmintió la relación con el proyecto HAARP, una estación científica en Alaska que las teorías conspirativas presentan como capaz de provocar terremotos, y recordó que la ciencia no puede predecir la hora exacta de las réplicas. Esas precisiones compiten en WhatsApp y similares con cadenas desinformativas que se propagan a gran velocidad. Aun así, ofrecen una fuente técnica para contrastar rumores, donde pocas instituciones dan luces frente a la avalancha de imágenes y audios que nos abruma.
Esas certezas dejan ver también una asimetría enorme. Colombia tiene una autoridad geofísica capaz de certificar un dato en minutos. Las donaciones y la ayuda humanitaria no tienen respaldo equivalente porque ninguna instancia pública valida en tiempo breve si un canal de apoyo o una cuenta bancaria es legítima. Esa ausencia desplaza la discusión. Seguimos preguntando si un contenido es falso y dejamos abiertas dos cuestiones más apremiantes: quién obtiene provecho de las decisiones urgentes y qué comunidades quedan fuera de la conversación pública.
Quién gana con la urgencia
La angustia colectiva y la necesidad de entender qué pasa explican una parte del desorden informativo tras un desastre. Los beneficios que deja en tres niveles explican por qué se mantiene y crece.
El más visible es el dinero. En los días siguientes al sismo se multiplicaron los códigos QR adulterados, los números de transferencia sin control y la suplantación de entidades oficiales. Ese fraude explota el desconcierto y, sobre todo, la generosidad. Quien comparte una cuenta falsa en sus redes por lo general quiere ayudar, y los estafadores se valen precisamente de esa buena fe. Nadie resuelve a tiempo la pregunta más simple del ciudadano solidario: ¿Mi donación llegará a quien la necesita?
La atención también se cobra en dinero, aunque por otra vía. Portales, medios y creadores de contenido explotan el morbo para ganar seguidores y monetizar clics. Las plataformas que pagan por visualizaciones hacen rentable el material que despierta emociones intensas. La rapidez con que ese contenido circula deja muy atrás a los desmentidos de ciudadanos o sitios de verificación.
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El tercer beneficio es más difícil de rastrear porque no se mide en pesos. Sembrar sospechas infundadas o responsabilizar sin prueba a contrincantes ideológicos sirve para debilitar la credibilidad de las instituciones. Los estudios sobre comunicación de crisis muestran que esas narrativas atacan sobre todo a gobiernos y cuerpos de socorro. Ese ruido obliga a los equipos de respuesta a defenderse en lugar de atender, y deja a las víctimas más expuestas a la polarización.
Un repertorio que viaja
Los mismos engaños se repiten de un desastre a otro. Hace casi dos meses el doble terremoto ocurrido en Venezuela detonó un catálogo de engaños muy similar al que vimos acá esta semana (Ver infografía).
El Informe Mundial sobre Desastres 2026, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, sostiene que ese desorden informativo se convirtió en una emergencia humanitaria en sí misma. Entorpece el acceso a la ayuda, desgasta la confianza social y pone en riesgo a socorristas y comunidades. El informe distingue el daño financiero, el que despoja a la gente de recursos, del daño cognitivo, el que altera lo que la gente cree. Y señala que, como los patrones se repiten de un territorio a otro, es posible anticiparlos.
Ese repertorio no depende del tipo de desastre. Frente a los incendios que afectan a Tolima, Cundinamarca y Norte de Santander, autoridades y periodistas deberían anticiparse a las afirmaciones sin soporte y a las explicaciones simplistas que alimentan la confrontación política.
El daño también se mide en tiempo de respuesta. Una falsa alerta desvía vehículos de bomberos. Un rumor sobre fuego fatuo genera pánico. Una sospecha infundada lleva a una comunidad a rechazar a los brigadistas que llegan a ayudar.
El territorio sin voz y la opacidad del dato
El desorden golpea más fuertemente a los territorios históricamente marginados. En las horas posteriores al sismo, la conectividad se desplomó. Según los datos de IODA, un sistema que monitorea las caídas de conexión en el mundo, Risaralda cayó al 39% de su conectividad habitual, Quindío se redujo al 46% y Valle del Cauca bajó al 60%. Chocó, que ya tenía los indicadores más precarios de acceso digital, permaneció aislado más tiempo.
En emergencias la conectividad es vital porque significa la posibilidad de pedir auxilio, coordinar rescates y participar en la toma de decisiones. Sin ella, las ciudades con infraestructura intacta concentran la conversación digital y los municipios más afectados quedan en silencio, sin capacidad de contradecir datos erróneos ni de visibilizar sus urgencias.
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A este aislamiento se sumó esta semana un problema de transparencia. El 13 de agosto la UNGRD restringió el acceso a su plataforma de evaluación situacional en tiempo real, que contiene datos territorializados sobre víctimas, viviendas y daños.
La restricción se produjo 42 minutos después de que el periodista Ronny Suárez divulgara la existencia del tablero en X. El Sindicato Colombiano de Periodistas calificó la calificó de censura. La fundación El Veinte pidió restablecer de inmediato el acceso. Ambas organizaciones advirtieron que el cierre dificulta el seguimiento de la respuesta estatal y limita el control ciudadano.
La solidaridad sin garantía
Miles de personas organizaron colectas y llevaron mercados, agua y otros insumos a los puntos de acopio. Esa explosión de generosidad puede tener un menor impacto cuando no hay coordinación. Sin canales claros, la ayuda se dispersa, se duplica en unos lugares y no llega a otros.
Esa falta de coordinación abre un terreno intermedio, difícil de juzgar, donde la buena voluntad se mueve sin rendición de cuentas ni forma de seguirle el rastro al dinero.
Las colectas lideradas por figuras públicas mostraron ese vacío. La recaudación de más de $300 millones promovida por el representante Óscar Benavides a través de cuentas de particulares generó alertas de control, pronunciamientos del exfiscal Francisco Barbosa sobre posibles riesgos penales, y denuncias ante la Corte Suprema. El congresista respondió que los fondos van a una fundación y prometió una veeduría ciudadana.
Independientemente de lo que decida la justicia, el caso muestra una falla estructural: la ciudadanía no tiene herramientas inmediatas para distinguir una colecta legítima de una recaudación informal o de una estafa. Ante el temor de ser engañada, mucha gente puede limitar su ayuda, lo que lleva a que los recursos escaseen donde más se necesitan.
Prepararse para informar, cuidar y reconstruir
Proteger la información cierta tras un desastre no puede ser una tarea exclusiva de los damnificados. Pedirle a una persona en shock o sin señal que verifique como un especialista es absurdo cuando la propia catástrofe destruye las comunicaciones. En los territorios históricamente marginados, el apagón digital impone un silencio forzado que impide pedir auxilio o reportar la gravedad real de los daños. En los centros urbanos y en cualquier otra zona golpeada por el sismo o el fuego, la saturación de redes y la falta de datos oficiales abren un vacío que el rumor copa de inmediato.
Para evitar que el aislamiento de las zonas afectadas propicie el desorden informativo, existen soluciones técnicas disponibles que el Estado y las empresas pueden aplicar de inmediato. Conectar teléfonos de forma directa a satélites cuando caen las torres locales, respaldar a las redes comunitarias de internet para preservar la comunicación en veredas y municipios apartados, y obligar a los operadores de telecomunicaciones a reportar el estado de sus redes con la misma celeridad del servicio eléctrico.
En el plano institucional, hacen falta protocolos de crisis. Acuerdos que fijen reglas para publicar información territorializada; certificar canales de ayuda y articular el trabajo de socorristas, empresas, medios y comunidades. Son acuerdos técnicos que requieren un lenguaje común, comprensible y estable, que no dependa de los acentos particulares de cada gobierno.
La sociedad civil ya mostró alternativas prácticas para canalizar la ayuda y verificar necesidades en el terreno. Plataformas como Cuidar a Colombia y Reconstruyo Colombia combinan inteligencia artificial y revisión humana para cotejar solicitudes de auxilio, ubicar puntos de acopio legítimos y registrar personas buscadas. Su impacto aumentará si las autoridades mantienen abiertos sus tableros públicos y tratan la auditoría de donaciones con las misma urgencia con que despejan una carretera.
La fase inicial de rescate está por terminar. Se pondrá así fin a la breve tregua que acompañó los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella. En una sociedad profundamente polarizada, la atención se traslada ahora a la disputa por los recursos de la reconstrucción y a la rendición de cuentas. Es el terreno donde los discursos de odio, las acusaciones sin prueba y la manipulación digital encuentran combustible para quebrar la cohesión social y entorpecer la vigilancia pública.
En esta etapa, la alfabetización mediática e informacional es una herramienta de supervivencia cívica, tan necesaria como el botiquín o las rutas de evacuación. Sirve para identificar información engañosa, salir de la burbuja que impide reconocer al que piensa diferente y proteger la salud mental ante información agobiante. También ayuda a construir el lenguaje común que una sociedad necesita para levantarse después de una tragedia y procurar trabajar en equipo, lejos de quienes convierten el desastre en mercado.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
