Por: Alvaro Duque Soto*
Cada semana la lista crece: Francia, Italia, Finlandia, Brasil, Chile, Perú, China y Canadá ya prohíben los celulares en colegios. En febrero de 2026, Costa Rica anunció su restricción para este año escolar, una semana después de que Pedro Sánchez reveló planes para vetar las redes sociales a menores de 16 años en España. Horas antes, la Cámara de los Lores del Reino Unido había aprobado una norma similar, inspirada en Australia, donde la prohibición rige desde diciembre de 2025.
Los datos sobre ansiedad, ciberacoso y adicción digital justifican la preocupación. Pero prohibir celulares en el colegio o vetar redes a menores de 16 crea una burbuja que deja intacto el territorio hostil de afuera. El riesgo no desaparece, se desplaza a las horas sin supervisión, a plataformas menos reguladas o al día en que el muro cae: el cumpleaños 16, la salida del colegio, la noche sola en casa.
¿Esto significa que las restricciones no sirven? No del todo. Pueden reducir distracciones en el aula o disminuir la exposición inmediata a ciertos peligros. Pero no hay evidencia clara de que sus beneficios perduren. Lo que sí sabemos es que la prohibición sola no basta, y que a menudo genera efectos contrarios a los esperados.
La realidad del aula colombiana: 7 horas frente a 17
Según el estudio “Infancia y medios audiovisuales”, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2025), los niños, niñas y adolescentes (NNA) pasan 8,9 horas diarias entre semana usando el celular para ver videos y contenidos recreativos. En el colegio, en cambio, están unas siete horas al día. Prohibir el celular en los espacios escolares puede asegurar que presten atención durante las clases, pero deja sin respuesta otro asunto: de las 17 horas restantes, casi nueve las pasan frente a una pantalla sin acompañamiento.
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Colombia tiene iniciativas como “Tecnologías para aprender”, del programa Computadores para Educar, que promueve laboratorios de innovación en las aulas y el uso ético de la IA. No obstante, el mismo estudio revela que solo el 10% de los padres y el 25% de los profesores afirman entender las herramientas que usan los NNA. Los esfuerzos por equipar las aulas y capacitar a los docentes chocan con un problema mayor: la mayoría desconoce cómo funcionan las aplicaciones y los modelos de negocio que las sostienen. También ignoran el significado y las consecuencias de lo que consumen en línea. Esto no es siempre por desinterés, sino por la ausencia de formación sistemática en un territorio que cambia permanentemente.
El problema no está en el celular, sino en una industria que diseña productos para capturar nuestra atención. Estas plataformas aprovechan la necesidad de recompensas inmediatas en cerebros adolescentes aún en desarrollo. Prohibir el dispositivo sin cuestionar ese modelo equivale a romper el termómetro para negar la fiebre.
Cinco razones para no celebrar la prohibición
- Lo prohibido atrae más y la abstinencia no enseña. Cerrar el acceso a Instagram o TikTok sin formar criterio genera el efecto “fruta prohibida” y empuja a los jóvenes a Twitch, Discord, chats de videojuegos o la dark web. Usan VPN o cuentas falsas para saltarse las restricciones. Cuando lo logran, no tienen guía ni acompañamiento. Corea del Sur aplicó una ley similar que prohibía jugar en línea de noche, pero la eliminó después de diez años. Los jóvenes la evadían y los resultados no mejoraron.
La restricción funciona como una barrera temporal, pero lo necesario es desarrollar habilidades: pensamiento crítico, manejo emocional y lógica para enfrentar el mundo digital cuando ya no haya controles. Si se les protege en una burbuja hasta los 16 años, después no tendrán herramientas para identificar manipulación, discursos de odio, engaños; o para contactar desconocidos en línea.
- La trampa de la culpa familiar. Los docentes que han tratado de reglamentar el uso del celular en el aula se quejan de que en las casas se usa como chupo digital. Sin embargo, culpar a las familias es injusto. La mayoría nunca aprendió a acompañar a sus hijos en el entorno digital y se enfrenta a productos diseñados por los mejores ingenieros para captar la atención. Trasladarles toda la carga, como ocurre con conceptos como “negligencia digital”, elude el problema de fondo y castiga sin ofrecer soluciones.
Esta situación también profundiza las desigualdades. Para un estudiante de clase alta, la prohibición escolar es un descanso; para muchos en regiones vulnerables, el celular es la única fuente de información y conexión. Y en algunas zonas, el instrumento que usan los grupos ilegales para reclutar.
- La paradoja de los datos. Para verificar la edad de millones de usuarios, los gobiernos exigen entregar información sensible, documentos o reconocimiento facial, a las mismas empresas que supuestamente se quieren regular. Además, estos sistemas no son infalibles. En Australia, las pruebas de verificación presentaron fallos frecuentes y discriminación por tono de piel. Así, se confía la protección de los menores a tecnologías imperfectas y fáciles de burlar.
- El algoritmo no descansa cuando suena el timbre. Declarar el colegio “zona libre de celulares” sirve de excusa mientras los algoritmos siguen influyendo fuera del aula. La agencia francesa ANSES documentó el “efecto espiral”: si un adolescente muestra tristeza, las plataformas le ofrecen más contenido depresivo para mantenerlo conectado. Guardar el teléfono en clase no detiene ese ciclo. Si la escuela no explica cómo funcionan estos sistemas, los estudiantes seguirán consumiendo su realidad sin preguntarse por qué ven lo que ven.
- A los gobiernos les conviene porque parece que gobiernan. Educar requiere tiempo y recursos, y no siempre da réditos electorales. Prohibir, en cambio, es gratis. Los gobiernos podrán anunciar que han bloqueado millones de cuentas, pero no medirán si esto reduce la ansiedad en los jóvenes. Con frecuencia, la prohibición permite lavarse las manos: “Ya cerré la puerta, lo que ocurra después no es mi problema”.
Un puente para leer el mundo
Que la prohibición sea insuficiente no implica que la alternativa sea no hacer nada. Ni los muros ni la fantasía de la libertad total ofrecen respuestas. Necesitamos un puente, medidas de transición que protejan mientras se construyen cambios culturales más profundos.
El objetivo real debe ser regular las plataformas. Esto no equivale a vetar el acceso a redes. Regular significa exigir que modifiquen su funcionamiento: eliminar diseños adictivos, hacer transparente cómo operan los algoritmos y dejar de explotar los datos personales.
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Esa lucha es profundamente desigual, pues las grandes tecnológicas tienen más recursos que cualquier gobierno. Aun así, quedarse de brazos cruzados no es opción. El primer paso es reconocer que este no es un problema exclusivo de NNA. Los adultos también son víctimas de los mismos mecanismos: sesgos, trampas de atención y dificultad para desconectarse. Ninguno de nosotros tenemos garantizado el entendimiento de lo que sucede en esas pantallas. Aprenderlo juntos, docentes y estudiantes, es quizás la primera lección.
Colombia no parte de cero. Cuenta con leyes sobre entornos digitales, salud mental y protección de datos, además de iniciativas como la guía de Red PaPaz y programas de alfabetización mediática e informacional (AMI). Pero estas piezas avanzan dispersas y el debate sigue centrado en las aulas cuando el problema también ocurre fuera de ellas (ver infografía sobre el marco regulatorio). Urge articular estas normas y renovar la AMI. Debe dejar de ser solo verificación de noticias y uso mecánico de herramientas, para enseñar a entender las plataformas, cómo monetizan emociones, cómo explotan nuestros sesgos.
Cinco acciones para recuperar la atención
Un rector en Bogotá o un padre en Cali no pueden obligar a Mark Zuckerberg a cambiar el código de Instagram. Regular las plataformas exige acción estatal y acuerdos globales. Sin esas normas la batalla principal está perdida. Pero mientras se avanza en ellos, cada colegio y cada familia pueden hacer algo que la prohibición no logra: enseñar a NNA que son la mercancía.
El modelo de negocio de las plataformas, en buena medida depende de que los usuarios no sepan cómo funcionan. Estas cinco acciones, basadas en experiencias locales y extranjeras, buscan cambiar esa dinámica.
- Normas adaptadas y acuerdos colectivos. No sirve una misma regla para todo el país ni decisiones impuestas. Un estudiante de grado 11 que usa el celular para buscar becas no enfrenta los mismos desafíos que uno de primaria. Las instituciones educativas deben decidir dónde el dispositivo es herramienta y dónde es distracción. En esa decisión deben participar los propios jóvenes, pues la prohibición los minusvalora cuando muchas veces dominan las herramientas digitales mejor que los adultos. Las normas construidas en equipo se respetan más que las impuestas.
- AMI en todas las áreas. No debe ser una cátedra aislada. Debe integrarse al currículo escolar. La escuela no solo debe limitar el uso de dispositivos móviles, sino enseñar a entenderlos críticamente desde todas las áreas del conocimiento.
- Poner la salud mental como prioridad. Quitar el celular causa ansiedad en muchos adolescentes. No sólo es un hábito: para ellos la desconexión forzada equivale a quedarse fuera de su espacio social. Se requieren estrategias para distinguir cuándo el uso de pantallas esconde problemas emocionales y cuándo la prohibición genera aislamiento.
- Mostrar la transacción oculta. En cualquier clase puede explicarse por qué una aplicación es gratuita y qué obtienen las plataformas con cada hora de uso. Cuando los jóvenes entienden que su tiempo y datos son la moneda de cambio, su relación con la tecnología cambia. Dejan de ser usuarios pasivos.
- Decisiones basadas en evidencia. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, de la UNESCO (2023), advierte que el 89% de los productos educativos digitales rastrean datos de los niños y que gran parte de la evidencia disponible proviene de las propias empresas tecnológicas. Los colegios deben evaluar el impacto de sus medidas antes y después de aplicarlas. Las políticas públicas deben surgir de indicadores independientes, no de intereses comerciales ni de suposiciones.
El mapa y la brújula
Prohibir el celular en las aulas es una solución equivocada. No porque el riesgo sea falso, sino porque la solución es falsa. Traslada toda la responsabilidad a los eslabones más débiles: los NNA, las familias y los docentes. Mientras tanto, las plataformas que diseñan las trampas siguen sin responder por sus acciones. Por eso cada prohibición es un parche sobre una herida que se abre por otro lado.
Sin una regulación que las obligue a cambiar sus prácticas, cada prohibición es un parche sobre una herida que se abre por otro lado. El problema no se limita a los colegios. Afecta a toda la sociedad. Resolverlo exige que el Estado establezca normas claras, que las empresas modifiquen su modelo de negocio, que las familias acompañen el proceso, que quienes educan comprendan el territorio que median, y que los jóvenes participen en las decisiones.
No se trata de quitarles el teléfono para que presten atención. Se trata de darles mapas para que entiendan el desorden informativo que ven en sus pantallas. Porque lo único que los acompañará cuando salgan del colegio, cuando cumplan 16 años, cuando estén solos, no será un muro, sino lo que hayan aprendido a analizar.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
