Por: Alvaro Duque Soto*
Las elecciones de 2026 movieron varias piezas de la comunicación política en Colombia. Algunos cambios fueron evidentes. La ausencia de debate entre los finalistas en segunda vuelta, la candidatura surgida de la dirección de una de las revistas más influyentes del país, la ley que restringió encuestas sin detener su versión informal apuestas presentadas como encuestas, y un presidente que usó su cuenta de X para hacer campaña pese a una prohibición judicial. De esos temas ya se habló bastante. Este texto se detiene en otros, menos visibles pero más nuevos, que aparecen cuando se mira la campaña desde el desorden informativo.
La propaganda y la mentira en política no empezaron con internet, con las redes sociales ni con la inteligencia artificial. Pero en 2026 aparecieron formas nuevas de alterar la confianza: la adulteración de materiales reales con IA, la movilización de rabias contra el procedimiento electoral, el ritmo de las plataformas en la palabra pública, la disputa por el terreno donde circulan los mensajes, y la pelea por la aceptación del resultado. Esas cinco transformaciones, no aparecen por separado. Se refuerzan entre sí, forman un ensamblaje que se retroalimenta y reducen la posibilidad de sostener una realidad compartida, mínimamente estable, entre sectores que se ven como adversarios. También abren una grieta entre la solidez del procedimiento electoral y la posibilidad de reconocer en común lo que ocurre, lo que se prueba y lo que finalmente se decide en las urnas.
El rostro verdadero y la voz inventada
Días después de la primera vuelta circuló un video de Iván Cepeda. La reunión era auténtica, del 27 de mayo con el sector solidario. El lugar, la ropa, la cara, todo coincidía con la realidad. Solo la voz era falsa. En el montaje, Cepeda maldecía al departamento de Santander y prometía castigarlo en el presupuesto. Los principales verificadores encontraron la grabación original y confirmaron que el audio y la sincronía de los labios eran obra de inteligencia artificial. Aparecieron otras versiones sobre Antioquia, supuestas milicias universitarias y una compra de votos inexistente.
Durante décadas, ver a alguien hablar era garantía de autenticidad. Eso se acabó. Hoy una imagen o un audio ya no es suficiente, porque lo que persuade es la voz y su significado y ambos pueden ser inventados. El ciudadano ya no puede conformarse con saber si la escena ocurrió. Debe indagar si la escena real fue manipulada.
Los videos calaron en cada región porque se ajustaban a una percepción previa, la de un candidato de izquierda que desdeña a las regiones conservadoras. No introducían una sospecha nueva. Le daban forma visible a una desconfianza que ya existía. Quienes los veían no respondían solo a la pieza. Reaccionaban a la impresión de que, por fin, aparecía una prueba que confirmaba lo que ya creían.
El costo que va más allá de ese video. Si una voz se puede inventar, cualquier grabación auténtica queda en duda y un político pillado en una escena real de irregularidad puede alegar que es un montaje. La trampa no impone una mentira. Reparte permisos para desconfiar de todo. El desorden informativo deja de ser una suma de falsedades sueltas y se convierte en un aparato que estropea la realidad misma, la contamina poco a poco y daña lo más frágil de una democracia: la confianza.
La rabia como motor del voto
La desinformación de 2026 no alejó a la gente de las urnas. La segunda vuelta registró una participación récord. Pero ese dato no responde la pregunta central. Más que la cantidad de votantes, importa el estado de ánimo con el que lo votaron.
Apelar a las emociones no es nuevo en la política colombiana. El giro de 2026 residió en vincular esas emociones a una sospecha previa sobre el proceso electoral. Se movilizó rabia, miedo o rechazo hacia un candidato, y junto a eso desconfianza hacia el conteo. Ya no se votaba solo contra alguien. Se votaba también con la idea de que el sistema podía estar amañado, de que el rival haría trampa, de que el resultado terminaría en disputa.
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La campaña fomentó una participación basada no en la confianza ni en la adhesión a un programa, sino en la necesidad de detener, castigar o evitar que el otro triunfe.
El daño no se refleja en las cifras. Aparece en un electorado que acude a votar con la legitimidad del proceso rota de antemano. Para una democracia, la baja participación es tolerable, pero le resulta más difícil mantenerse cuando vota mucha gente y una buena parte no cree en lo que ese voto decide.
La política toma el ritmo de las plataformas
En marzo, varios creadores de contenido se postularon a Cámara o Senado y algunos lograron curul https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2026/estos-son-los-nuevos-integrantes-del-congreso-influencers-activistas-y-herederos/. Wally y Lalis lo hicieron por las listas cerradas del Pacto Histórico. También obtuvieron o conservaron curules por la Alianza Verde Luis Carlos Rúa, el Elefante Blanco, y Jota Pe Hernández. El dato suele leerse como un reflejo de la cultura pop metida en la política, como banalización del debate público o como prueba del peso que ya tienen las redes en la representación. Pero hay otro ángulo: con ellos llega un ritmo diferente, y ese ritmo altera la deliberación.
Para quien viene de las plataformas, la palabra circula de otra manera. Se afirma rápido, se corrige poco y se reemplaza pronto. Lo dicho ayer pierde valor, con facilidad el contenido nuevo lleva al olvido, y cada audiencia recibe fragmentos distintos de una misma voz. En la vida legislativa ocurre lo contrario. Quien legisla queda atado a cada frase que pronuncia. Todo queda escrito en la gaceta, en el acta, en el proyecto, y puede volver años después.
El punto no es moral contra quienes hacen contenido, importa el significado para la comunicación pública. Cuando la política adopta un compás más corto, más reactivo y menos acumulativo, cambia la velocidad con que una postura se afirma, se borra y se reemplaza. La palabra pierde peso y la rendición de cuentas se queda sin su materia prima, que es la memoria de lo que alguien dijo.
El terreno también entró en la disputa
En 2026 se disputaron la agenda, el relato y el espacio de confrontación, pero además se peleó por el terreno mismo donde circula la política.
La oposición habló de intervención del Gobierno, uso ventajoso del aparato estatal y captura institucional. El oficialismo habló de algoritmos en contra, campañas sintéticas, operaciones tecnológicas y maniobras extranjeras. No hace falta dar por ciertas todas esas afirmaciones para ver lo que comparten. Los actores describieron la contienda como una disputa por las condiciones en que los mensajes aparecen y ganan credibilidad, no solo como una lucha entre ideas.
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El lenguaje no se quedó en el ataque al otro. Sirvió también para leer el propio resultado. Según desde dónde se mirara, el margen estrecho fue obra de una intervención que alteró la cancha, o de una ciudadanía conectada que casi se impone pese al algoritmo y a una campaña sintética sin antecedentes. En los dos casos, el asunto no era tanto de votos, alianzas y programa como del estado del terreno.
Eso altera la comunicación política de un modo menos visible que un video falso o una cadena de WhatsApp. Cuando el entorno entero entra en disputa, los mensajes llegan marcados por sospechas sobre el canal, la plataforma, la institución o la red que los pone a rodar. La pelea ya no es solo por imponer un sentido. Es también por hacer creer que el espacio donde ese sentido circula está parcializado.
La duda que baja desde arriba
El desorden informativo a menudo entra por cadenas anónimas, cuentas sin rostro y bodegas que nadie reclama. En 2026, una parte importante llegó por el camino contrario, desde la voz con más autoridad del Estado.
Lo nuevo no fue que un presidente opinara sobre la elección. Fue que la voz presidencial fuera pieza central de la campaña y de lo que vino después, en una plataforma con un alcance que ningún medio del país tiene. Gustavo Petro usó su cuenta de X durante meses para poner en duda el sistema, incluso luego de que el Consejo de Estado y un juez le ordenaron parar para no romper la igualdad entre candidatos. Una cuenta anónima tiene que ganarse a cada lector. La del presidente llega con el peso del cargo y con años de alcance acumulado, una ventaja que ningún contendor puede igualar en campaña. La voz que debía cuidar el proceso sirvió para ponerlo en duda.
El momento de la disputa también cambió. La desinformación electoral solía concentrarse antes del voto, para inclinarlo. En 2026 cobró nueva fuerza después. La noche del resultado, el presidente publicó una ráfaga de mensajes que no reconocían la derrota, impugnaban las mesas del exterior y atribuían el revés a una intervención extranjera. El registrador respondió que no había modificación de actas, pero cada desmentido, en vez de cerrar la discusión, se leía como una señal más de encubrimiento. Después el escrutinio coincidió con el preconteo en un 99,997 por ciento, el candidato derrotado aceptó, y el presidente saliente anunció el empalme sin reconocer el resultado. Ahí la duda mostró una forma más resistente. Ya no peleaba por cambiar el desenlace, sino por dejarle una mancha. No decía que el resultado fuera falso, decía que no era limpio, y contra eso ningún conteo es suficiente.
Leer la campaña sin dejarse llevar
Los videos que ponían palabras inventadas en la boca de Cepeda no fueron una anomalía. Tampoco lo fueron las piezas hechas con inteligencia artificial que enfrentaban a los de siempre con los nunca. En esta campaña cambió la relación con la prueba, con las emociones que impulsan el voto, con el ritmo de la palabra pública, con el terreno donde circulan los mensajes y con la pelea por aceptar el resultado.
La próxima campaña empieza mucho antes de que se inscriban los candidatos. Para entonces habrán circulado videos, denuncias y cifras que ubican a muchos en un bando antes de oír una sola propuesta. La pelea arranca en esa primera lectura del rival, de las instituciones y del resultado, cuando mucha gente mira para confirmar lo que ya sospecha, no para comprender.
Eso daña la deliberación pública. Cuesta discutir razones, matices y pruebas compartidas cuando la conversación parte de supuestos previos y certezas impermeables, y se ajusta con el reflejo de los bandos. La política discute menos sobre programas y más sobre agravios, lealtades y temores.
La tarea no termina en aprender a detectar montajes, cadenas falsas o cifras amañadas. Hace falta algo más complejo: leer una campaña sin dejar que la rabia, el miedo o la lealtad de bando decidan de entrada qué se acepta como cierto. En 2026 quedó claro que la confianza no se daña solo con mentiras. Se desgasta también cuando cada quien termina creyendo apenas aquello que le sirve. De ahí sale un problema mayor: cómo volver a sostener una conversación pública entre sectores del país que se leen como adversarios, y, cada vez más, como amenazas.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
