Por: Alvaro Duque Soto*
El 18 de abril, Palantir Technologies, la empresa que construyó los sistemas de vigilancia y análisis de datos con los que el gobierno de Estados Unidos decide a quién vigilar, a quién deportar y a quién atacar, publicó en X un documento de 22 puntos que ya acumula más de 35 millones de lecturas. Es la adaptación de un libro titulado The Technological Republic, firmado por su director ejecutivo, Alex Karp, y por Nicholas Zamiska.
El texto reflexiona sobre el destino de Occidente, el fracaso espiritual de quienes buscan sentido en la política y la supuesta deuda moral de las empresas tecnológicas con su país. Afirma que no todas las culturas merecen respeto y advierte que la pregunta no es si existirán armas autónomas, sino quién las construirá. El economista Yanis Varoufakis, famoso por su tesis de que el tecnofeudalismo de las Big Tech está acabando con el capitalismo, lo resumió así: “Si el mal pudiera publicar en X, esto sería lo que publicaría”.
Con un tono épico, el documento tiene frases como “Silicon Valley tiene el derecho a gobernar donde la democracia ha fallado” y “El mundo se ha convertido en un lugar peligroso y solo nosotros, con nuestra tecnología, podemos protegerte”. Es evidente que Palantir va más allá del cabildeo corporativo tradicional y declara sin reparo que pretende sustituir al Estado en decisiones sobre seguridad y poder, con doctrina propia y sin mandato democrático.
Ante eso, como ciudadanos deberíamos preguntarnos ¿quién controla las infraestructuras por donde circula la información, con qué fines y bajo qué marco legal?
Un debate que se queda corto
En la mayor parte del mundo, las conversaciones sobre desinformación giran en torno a dos preocupaciones. La primera es verificar hechos, distinguir la noticia verdadera del dato falso y evitar que las cadenas de WhatsApp sustituyan al periodismo. La segunda es la salud mental de niñas, niños y adolescentes ante el tiempo de pantalla y los algoritmos que aumentan la ansiedad.
Ambas aproximaciones dirigen la mirada hacia lo que aparece en la pantalla. El manifiesto de Palantir, junto con los acuerdos recientes del Pentágono con Google, OpenAI, Amazon y Microsoft, obliga a mirar precisamente lo que permanece oculto. Las investigaciones contra estas compañías y su protagonismo en la política militar de Trump han desmontado la imagen romántica que los gigantes tecnológicos promovían (progreso imparable, filantropía empresarial, neutralidad técnica) y plantean de nuevo la pregunta sobre las infraestructuras del conocimiento.
Por eso el documento de Palantir permite ver de cerca a uno de esos actores invisibles y revela tres asuntos que merece la pena destacar.
Tres cosas que el manifiesto deja ver
En primer lugar, eleva una ideología empresarial al nivel de política pública. Karp escribe desde la posición de quien firma contratos que determinan los sistemas con los que el Estado estadounidense toma decisiones de vida o muerte. Lo que piensa sobre el orden mundial termina pesando en lo que ocurre en una frontera o en el criterio con el que un sistema automatizado señala un objetivo militar.
Un segundo aspecto es menos evidente. El texto muestra desconfianza hacia la democracia sin expresarlo de forma directa. Presenta jerarquías de talento, mérito y cultura como algo natural, con el fin de justificar que unos dirijan y otros obedezcan. La palabra democracia aparece en pocas ocasiones. El voto, en cambio, se presenta como algo prescindible que puede sustituirse por el “derecho de salida”. Si el sistema no agrada, la solución consiste en emigrar a otro país-empresa. De ese modo, gobernar deja de consistir en garantizar derechos y se convierte en la simple administración de clientes.
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Un tercer registro es la manera como el texto construye el futuro. Insiste en que la guerra autónoma resulta inevitable, que Estados Unidos perderá su lugar en el mundo si no acepta esa lógica y que el debate sobre los límites éticos supone un lujo que los adversarios no se conceden. Estas afirmaciones preparan el terreno. Acostumbran a la ciudadanía a aceptar como destino lo que en realidad constituye una decisión empresarial.
El árbitro invisible
El manifiesto es claro en lo que afirma. Pero su mayor valor está en otra parte. Permite reconocer que las plataformas que utilizamos cada día (para consultar una IA, redactar textos, realizar trámites, leer noticias o conversar) están vinculadas a las mismas empresas que fabrican los sistemas de vigilancia, deportación y ataque que compra el Pentágono. Comparten servidores y datos.
Quienes dirigen estas compañías tienen un proyecto político explícito que el manifiesto pone al descubierto. Además, controlan el software, los algoritmos y las plataformas donde se desarrolla gran parte de la conversación pública.
Como señala la filósofa española Lorena Jaume-Palasí, experta en ética digital y gobernanza algorítmica, estas empresas asumen un papel que antes ejercían los filósofos políticos y los legisladores. Deciden cómo se organiza la sociedad, qué reglas rigen la convivencia y quién tiene autoridad para aplicarlas. Es un contrato social que nadie ha sometido a votación. Y ese poder se materializa, de la forma más tangible, en el control de los datos.
Los datos del Estado en servidores ajenos
Cada interacción digital nutre los modelos que deciden lo que vemos, lo que se nos ofrece y lo que se nos niega. Quien controla los datos ejerce un poder dual sobre las personas: las conoce mejor de lo que cada cual se conoce a sí mismo, y puede dirigir sus decisiones de consumo, sentimentales o políticas sin que la persona sepa que está siendo dirigida. Esta lógica se aplica también a los Estados. Un gobierno que almacena datos sensibles —censos, registros civiles, nóminas, bases electorales o historias clínicas— en servidores de empresas extranjeras pierde el control pleno sobre su propia información. Si esos servidores están en Estados Unidos, quedan bajo la Cloud Act, una ley que permite al gobierno estadounidense acceder a ellos sin necesidad de trámites legales en otro país.
El presidente Petro cuestionó el software que usa la Registraduría precisamente por una vulnerabilidad similar. Planteó la duda de si el Estado puede delegar funciones soberanas en privados con código no totalmente auditable. La respuesta requiere argumentos técnicos y jurídicos que vayan más allá de la disputa política. Lo contradictorio es que el mismo Gobierno ha impulsado la instalación de centros de datos financiados por Emiratos Árabes. Denunciar la dependencia con un proveedor y aceptarla con otro deja el señalamiento a medio camino.
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Esta dependencia digital que viven nuestros países trasciende la simple ubicación de los servidores. Como explica la economista argentina Cecilia Rikap, se ejerce a través de infraestructuras técnicas, contratos y términos de uso que las empresas pueden modificar de manera unilateral.
Y ese mecanismo tiene un núcleo preciso: quien controla el software controla la comunicación social. El código termina funcionando como una constitución material que ningún parlamento aprobó.
En ese punto, la privacidad deja de ser un asunto personal. Se convierte en la condición que garantiza el ejercicio de otros derechos. Sin ella no hay libertad de expresión real, ni periodismo de fuentes protegidas, ni posibilidad de organizarse políticamente sin que el sistema lo registre todo de antemano.
Por eso necesitamos una alfabetización mediática e informacional (AMI) que enseñe qué pasa con nuestros datos, quién los gestiona y bajo qué leyes. De otro modo, la ciudadanía queda con derechos a medias.
Lo que la AMI debe enseñar hoy
En Colombia, el debate sobre estos temas apenas comienza. La última semana de abril, el MinTIC y la Fundación Gabo reunieron en Cartagena a una veintena de delegados de instituciones públicas y privadas para discutir qué se está haciendo y como abrir el camino para una política de AMI.
Sin embargo, la pregunta urgente va más allá de crear una política. Hay que definir qué debe enseñar realmente la AMI para responder a los problemas actuales. Verificar hechos y proteger la salud mental en las redes no basta. Es necesario comprender las infraestructuras, los contratos, los modelos de negocio y la jurisdicción legal de las empresas que median la vida pública. De lo contrario, la AMI se reduce al plano del contenido y deja intacto el plano del poder.
Esa pregunta ya tenía una respuesta hace más de cuatro décadas. El Informe MacBride, encargado por la Unesco en los años setenta y publicado en 1980, fue el primer esfuerzo global por entender la comunicación como un derecho y no como un mercado. Estableció una distinción que sigue vigente: la libertad del ciudadano para acceder a la comunicación no equivale a la libertad del inversionista para hacer negocio con ella. La primera es un derecho. La segunda, su explotación comercial.
Hoy las plataformas han borrado esa distinción. Presentan el derecho de las corporaciones a maximizar las interacciones como si fuera el derecho del usuario a expresarse.
Regular y formar, al mismo tiempo
Recuperar esa diferencia exige dos tareas que deben avanzar juntas. La primera tarea es regulatoria. Servidores, algoritmos y contratos digitales deben tratarse como asuntos de interés público que la sociedad tiene derecho a conocer, debatir y limitar. Eso exige voluntad política sostenida y cooperación internacional, porque ningún Estado puede regularlos en solitario.
El jurista italiano Stefano Rodotà lo advirtió antes de que fuera tan evidente. Cuando las instituciones democráticas llegan tarde a la tecnología, no la regulan, sino que se adaptan a lo que ella ya impuso. Eso es lo que estamos viendo.
La segunda tarea es la formación ciudadana, pero con mayor exigencia que la mera verificación de noticas. Una AMI actualizada enseña a preguntar quién controla las plataformas, cómo funcionan y bajo qué leyes. También enseña a preguntar cómo fue producido un contenido, además de si es verdadero.
Una regulación sin ciudadanos que la entiendan y la defiendan termina capturada por los actores que dice regular. Una formación sin regulación genera ciudadanos que comprenden el problema, pero carecen de medios para modificarlo. Las dos tareas se necesitan.
El manifiesto de Palantir tiene el mérito de decir en voz alta lo que otros prefieren hacer en silencio. Pero esa transparencia también cumple una función estratégica. Presenta un programa de poder como destino inevitable de la historia y busca cerrar el debate antes de que empiece.
Ya sabemos que el peligro más difícil de detectar no es el que se esconde, sino el que se exhibe con orgullo, porque hace pasar la dominación por destino. De ahí que la pregunta que debemos mantener viva sea siempre la misma: ¿Quién define qué se ve, qué se sabe y qué se puede decir, y qué tan democrático es ese poder?
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.
